Por: Daniela Quesada y Daniela Sáenz
Qué sensación genera ir por una calle donde solo reina la oscuridad, pero de repente se observa a lo lejos que hay un grupo de militares, para muchas personas esta sensación es tranquilidad ¿pero después de los recientes datos revelados por la JEP, ésta seguirá siendo la misma?
En 1978 se dieron a conocer las primeras denuncias y especulaciones de estos hechos, donde además se conoció la publicación de un informe donde narraban hechos increíbles, un ejemplo de ellos, es el caso del joven Fabián Vásquez quien fue incomunicado, torturado y finalmente asesinado.
¿Pero qué reacción ha tenido el Gobierno? Hasta el momento cómo han reaccionado, según madres de los afectados, no ha sido muy buena ya que solamente ignoran el tema o solo esperan que avance la investigación para emitir un comunicado pidiendo algún tipo de perdón, pero el directamente implicado, que es, el Ex-presidente Álvaro Uribe Vélez nunca se ha pronunciado.
Como el joven Fabián Vásquez, hay miles de jóvenes que han sido asesinados y pasados por muertes extrajudiciales, esto acabando con la paz y estabilidad emocional de las madres de cada uno de ellos, no solo por la muerte, si no también, por no tener una respuesta concreta de qué es lo que en verdad sucedió,
Con el paso de los años, se ha ido modificando la cantidad de víctimas de estas muertes, en el año 2006 fue presentado una cantidad de 1.741 asesinatos extrajudiciales, pero esta cifra fue actualizada en el año 2008 a una cantidad de 1.257 asesinatos es decir disminuyó la cantidad.
En el año 2014 esta cantidad fue nuevamente modificada por la Fiscalía General de la Nación, la cual presentó que entre los años 1988 y 2014 el total de personas asesinadas de forma extrajudicial fue de 2.248 y que de estas el 40% fueron hombres entre los 18 y 30 años, con estos constantes cambios en las cifras se evidencia una apertura frente al dolor individual y colectivo ocurrido en la década de los 2000, por los llamados falsos positivos, donde se vieron involucrados miembros del Ejército Nacional.
En el año 2008 nace la fundación “MAFAPO” que significa “Madres de los falsos positivos”, una fundación conformada por 14 mujeres entre madres, esposas y hermanas, donde no solo muestran una lucha, si no también, brindan un apoyo a aquellas madres que han sido víctimas de estas muertes extrajudiciales con apoyo psicológico y emocional.
Durante 13 años han denunciado los asesinatos y la impunidad de estos crímenes cometidos contra sus familias, desde su fundación denuncian la muerte de 19 jóvenes residentes en Soacha y Bogotá, los cuales aparecieron al nororiente del país. Estas madres son mujeres cabeza de familia que vivían en barrios apartados o zonas rurales, con la única dedicación de sacar a sus familias adelante, hasta que ocurrió este suceso que les cambió la vida por completo.
Sucesos que les muestra a un país, las irregularidades que se cometían en tan “admirable” institución el Ejército Nacional de Colombia, una institución que para muchos genera paz, protección, mientras que para otros genera miedo, terror e incluso odio.
Estos asesinatos extrajudiciales no solo sacaron a la luz pública una práctica tan perversa que implementaba el Ejército Nacional, sino que también, le enseñó a un país que detrás de cada víctima hay una madre o familiar, dispuesto a luchar el tiempo que sea necesario y hacer hasta lo imposible por dar a conocer que sus hijos, hermanos o esposos eran personas de bien que fueron engañados por personas inescrupulosas que se aprovecharon de su necesidad y la usaron en su contra.
Para nadie es un secreto que, estos asesinatos extrajudiciales se ven desde el año 1988, pero estos tuvieron un alza en el periodo en que llegó Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la República, en el periodo de 2002 a 2010, debido a la llamada política de defensa y seguridad democrática, pues entre junio de 2002 y diciembre de 2007 se registraron aproximadamente 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales.
Estas se dan debido a la política dada por parte del Ministerio de Defensa y la directiva ministerial 029 de 2005, se trataba de dar beneficios económicos de $3.800.000 pesos, por cada guerrillero o paramilitar muerto, además de darles “vacaciones” o un tiempo de descanso en familia, como muchos saben los militares no tienen tiempo suficiente para compartir con sus familias perdiendo fechas importantes como cumpleaños, incentivando así a asesinar indiscriminadamente.
El escenario principal donde sucedió esto, fue en Soacha, Cundinamarca, este se conoce por ser el lugar de acogida de miles de personas, afectadas por el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado en Colombia durante los últimos 30 años, estas familias buscaron principalmente refugio en la capital, pero por el alto costo de vida se han establecido en Soacha,
En este lugar han surgido barrios con presencia, exclusión y falta de oportunidades laborales, creando así, el ambiente perfecto para que estos jóvenes, con la esperanza de que todo mejorara, fueran engañados con falsas promesas de empleo en fincas de Ocaña en Norte de Santander.
De acuerdo a lo dicho con anterioridad, el conflicto armado en Colombia tiene unas causas, consecuencias y unos actores, dentro de los cuales generalmente se encuentra el Estado, los grupos armados y la sociedad civil.
El Estado es quien tiene el monopolio de la violencia que “tiende a moverse en direcciones que pueden contraponerse: de un lado, pacífica a la sociedad y excluye la violencia del conjunto de las relaciones sociales, pero del otro, concentra los medios de coerción en un centro de poder que puede usarlos para cualquier fin”.
Este es uno de los tantos casos de falsos positivos que han quedado en total impunidad en el país pues, ocho años después de que se denunciaran estos casos de ejecuciones extrajudiciales, 27 altos militares han sido separados de las fuerzas armadas, pero solo seis coroneles han sido condenados y a ningún general se le han imputado cargos. ¿Pero qué le paso al reclutador? Pedro Antonio Gámez Díaz, más conocido como el reclutador de jóvenes.
Fue llevado a juicio el día 13 de febrero de 2018 el cual fue condenado por llevar bajo engaños al joven Jaime Estiven Valencia Sanabria, otro hijo de “María” así pidió ella que la llamáramos, para proteger su identidad, desde entonces esta mujer recibe llamadas amenazantes en contra de ella y su familia, el joven fue llevado por el reclutador desde Soacha, Cundinamarca hasta Ocaña Norte de Santander.
Como dato importante, el joven en ese entonces tenía 16 años de edad y cursaba sexto de bachillerato, pero por motivos personales se dejó convencer de este hombre ya que quería ayudar a su madre económicamente, al llegar al destino cuenta el reclutador que este fue obligado a portar armas decomisadas, mas no registradas por el Ejército Nacional, además, de ser completamente incomunicado para que luego de 2 semanas, fuera torturado y finalmente asesinado por militares del Ejército Nacional, después de eso, fue presentado como N.N, miembro de una “bacrim” dada de baja en combate.
Pero no creamos que estos jóvenes eran del común de los que pasan por enfrente de la calle, estos debían tener un perfil específico: tener problemas familiares, económicos, estar sin empleo o bajo la adicción de drogas o alcohol.
Según Pedro Antonio Gámez Díaz y Alexander Carretero Díaz, otros reclutadores, los jóvenes se iban voluntariamente con ellos, quien a su vez informaban a altos mandatos de la unidad que tenía listos los jóvenes y pedían la consignación del dinero por cada joven reclutado que era 1.000.000.
“María” madre de Jaime y su hermano, dicen que, después de años de exigir la verdad sigue ese sin sabor, pues hasta el día de hoy siguen sin saber quién fue el que dió la orden y quién es el asesino directo de su familiar. Sin embargo, ellos sí tuvieron que firmar un pre-acuerdo, por miedo a las amenazas que reciben desde que el caso fue llevado a juicio.
Es una pregunta que tienen millones de mujeres, no solamente las que han sido denunciadas por familias, si no también, hay millones de familias que callan por miedo a las amenazas, o porque simplemente ya saben que no tendrán respuesta alguna.
Como bien se mencionó estos asesinatos extrajudiciales se presentan desde el año 1978 y lamentablemente la justicia colombiana es tan corruptible, que ya no vale la pena denunciar, con cualquier peso o poder que tengan las personas implicadas hacen que todo quede en el olvido.
En la última actualización de la JEP dada el año 2021 respecto a la muertes extrajudiciales es un total de 6.402 personas asesinadas en manos de Ejercito Nacional. Mafapo relata que aún faltan muchas más muertes por reconocer, debido a que a su fundación llegan millones de personas contando lo sucedido y que en el conteo de personas, llegan superan los 3 millones de familiares buscando asesoría y apoyo para así mismo denunciar el caso.