Colombia, 21 de mayo 2026 – El Gobierno de Bolivia anunció el 20 de mayo la decisión de declarar persona non grata a la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García, y le solicitó la conclusión de sus funciones en el país. La medida, comunicada por la Cancillería boliviana, responde a lo que las autoridades consideran una intervención reiterada del presidente colombiano Gustavo Petro en la crisis política y social que atraviesa Bolivia, especialmente por declaraciones públicas del mandatario colombiano sobre las protestas y la situación judicial del expresidente Evo Morales.
Según el comunicado oficial, el Ejecutivo de Rodrigo Paz Pereira consideró que los pronunciamientos externos sobre la coyuntura interna boliviana deben hacerse con responsabilidad y respeto a la soberanía, y que la injerencia de actores extranjeros puede agravar la polarización y afectar la estabilidad institucional. Pese a la dureza del gesto diplomático, la Cancillería aclaró que la expulsión de la embajadora no implica una ruptura de relaciones con Colombia y que La Paz mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación bilateral.
La decisión se produjo en un contexto de alta conflictividad interna. Desde abril, Bolivia ha registrado una serie de protestas, bloqueos y movilizaciones impulsadas por sindicatos, organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana, que exigen, entre otras demandas, aumentos salariales y la renuncia del presidente. Las manifestaciones, que comenzaron con reclamos laborales, se intensificaron y derivaron en cortes de rutas y enfrentamientos en puntos estratégicos, lo que llevó al Gobierno a desplegar operativos conjuntos de la Policía y las Fuerzas Armadas para restablecer corredores de tránsito y garantizar el orden público.
En medio de ese escenario, los mensajes difundidos por el presidente Petro en su cuenta de X —donde calificó las protestas como una “insurrección popular” y criticó lo que llamó “soberbia geopolítica”— fueron interpretados por el Ejecutivo boliviano como un respaldo indirecto a sectores que buscan desestabilizar al gobierno. Las autoridades de La Paz también vinculan esas expresiones con un supuesto apoyo a movimientos que, en su opinión, ponen en riesgo la institucionalidad democrática.
La figura de Evo Morales añade complejidad al conflicto. El expresidente, que enfrenta procesos judiciales y se encuentra en situación de rebeldía ante la justicia boliviana, ha recibido muestras de apoyo de algunos sectores y líderes regionales. Las declaraciones de Petro, que incluyeron llamados a proteger derechos políticos y a evitar la existencia de presos políticos en la región, fueron celebradas por simpatizantes de Morales y por parte de la izquierda regional, mientras que en La Paz fueron vistas como una intromisión en asuntos que deben resolverse por vías constitucionales.
En Bogotá, la reacción oficial y la opinión pública han mostrado matices. Mientras algunos sectores respaldan la postura de Petro en favor de la defensa de derechos civiles y la solidaridad regional, otros advierten sobre los riesgos de que declaraciones presidenciales inflamen conflictos ajenos y compliquen la diplomacia. Analistas consultados por distintos medios señalan que la expulsión de una embajadora es un gesto político de alto impacto simbólico, pero que suele ser reversible si ambas partes optan por la desescalada y la negociación diplomática.
Las implicaciones prácticas de la medida incluyen un enfriamiento temporal en la relación bilateral y la necesidad de gestionar con cuidado asuntos compartidos como cooperación fronteriza, comercio y seguridad. Expertos en relaciones internacionales recuerdan que, aunque la expulsión no corta automáticamente todos los vínculos, sí obliga a ambos gobiernos a revaluar canales de comunicación y a buscar fórmulas que permitan retomar la normalidad sin que ello suponga concesiones políticas que ninguno de los dos esté dispuesto a aceptar públicamente.
En el plano interno boliviano, el Ejecutivo ha intentado combinar medidas de orden público con la apertura de espacios de diálogo. Se han anunciado mesas de negociación con dirigentes indígenas y campesinos con el objetivo de reducir la tensión y encontrar soluciones a demandas concretas, como el reclamo salarial del 20 % planteado por la Central Obrera Boliviana. No obstante, la persistencia de bloqueos y la posibilidad de nuevas movilizaciones mantienen la situación en un punto de fragilidad.
La escalada diplomática entre La Paz y Bogotá pone de relieve la delicada interacción entre política interna y relaciones exteriores en América Latina, donde las declaraciones de líderes nacionales pueden tener efectos inmediatos en la estabilidad regional. El curso que tome este episodio dependerá en gran medida de la prudencia de los actores involucrados y de la disposición de ambos gobiernos a privilegiar la negociación y la diplomacia sobre la confrontación pública.
Por ahora, la embajadora Elizabeth García deberá concluir sus funciones en el plazo que establecen las normas internacionales, y las cancillerías de ambos países enfrentarán la tarea de administrar las consecuencias políticas y prácticas de la medida. En los próximos días será clave observar si se producen gestos de acercamiento que permitan normalizar la relación o si, por el contrario, la tensión se mantiene y abre una nueva etapa de fricciones entre Bolivia y Colombia.
