Colombia, 14 de mayo – En las últimas semanas, habitantes de veredas en Guaviare, Meta y Caquetá han denunciado un patrón de coacción que combina exigencias administrativas informales, cobros y amenazas directas por parte de estructuras disidentes vinculadas a alias conocido como Calarcá, según grabaciones y reportes que circulan en el país; en esas comunicaciones, se describe un mecanismo de “carnetización” obligatoria para participar en actividades comunitarias y, de manera implícita o explícita, para demostrar respaldo político, con multas que oscilan en testimonios entre cifras que la población no puede asumir y la advertencia de perder la tierra o ser expulsados si no se someten. Las versiones recogidas por fuentes locales y por quienes han difundido los audios señalan que las convocatorias se hacen por vereda, que se levantan listas individuales y que quienes rehúsan recibir el carné enfrentan la alternativa de pagar sumas que equivalen a semanas o meses de ingresos rurales o abandonar sus predios; además, se relatan amenazas de uso de la fuerza para “levantar” viviendas y sanciones económicas que obligarían a vender bienes de subsistencia, como aves de corral, para cubrir las multas impuestas.
Desde puntos identificados por inteligencia como centros de control —mencionados en informes como sectores de movilidad y corredores estratégicos—, los grupos habrían reforzado su capacidad de fiscalizar desplazamientos y actividades cotidianas, lo que, según expertos en derechos humanos, crea un entorno de miedo que limita la libertad de expresión y la autonomía electoral de comunidades ya vulnerables. La difusión de los audios provocó reacciones en la esfera política y mediática: representantes y congresistas han pedido garantías y han vinculado las grabaciones a debates sobre la seguridad del proceso electoral, mientras las autoridades competentes han anunciado investigaciones para verificar la autenticidad de las grabaciones, identificar a los responsables y determinar si se configuran delitos como constreñimiento al elector, extorsión y amenazas.
En el terreno, líderes comunitarios relatan que la presión no es homogénea: hay veredas donde la presencia del grupo es más visible y otras donde la coacción se ejerce a través de intermediarios o por temor tácito; en todos los casos, la consecuencia es la misma: una erosión de las condiciones necesarias para que el sufragio se exprese libremente. Organizaciones sociales y observadores electorales advierten que, si no se actúa con rapidez para garantizar movilidad segura, protección de testigos y acceso a mecanismos de denuncia efectivos y confidenciales, la participación en las zonas afectadas podría verse distorsionada por el miedo y la extorsión, con impactos que trascienden una sola jornada electoral y que afectan la gobernabilidad local. Las medidas propuestas por distintos actores incluyen el refuerzo de la presencia institucional en corredores críticos, la activación de canales de denuncia accesibles para poblaciones rurales, protección temporal para líderes y testigos y una investigación ágil y transparente que permita esclarecer responsabilidades y ofrecer reparaciones a las víctimas de coacción.
Mientras tanto, la campaña del candidato mencionado en las grabaciones no ha emitido una respuesta pública que aclare su relación con los hechos denunciados; la ausencia de pronunciamientos oficiales añade tensión al debate público y obliga a las autoridades judiciales y electorales a acelerar las verificaciones. En suma, las denuncias sobre carnetización forzada, cobros y amenazas en el sur y oriente del país configuran un escenario que pone en riesgo la integridad del proceso electoral en territorios rurales: más allá de la verificación técnica de las grabaciones, la prioridad para las instituciones y la sociedad civil es restablecer condiciones de seguridad y libertad para que el voto sea una decisión personal y no el resultado de la coacción.
