Walter Martínez, abogado de profesión, con vínculos empresariales que hoy están bajo la lupa judicial. Según el ente acusador, Martínez habría tenido un rol clave dentro de la estructura, al utilizar importadoras de papel como empresas fachada para evadir controles aduaneros y facilitar el ingreso irregular de mercancía al país. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.
Lo que llama especialmente la atención es un detalle que no pasó desapercibido durante el proceso: apenas dos días antes de su captura, el abogado logró inscribirse en el registro de la Sociedad de Activos Especiales para ser elegible como administrador de bienes incautados, un hecho que hoy es objeto de revisión dentro del contexto del caso.
La Fiscalía lo señala como operador fundamental de una red dedicada a la importación y comercialización irregular de mercancías provenientes de China y Panamá que, mediante siete sociedades ficticias, movilizaba grandes sumas de dinero entre varios países.
El modus operandi consistía en la creación sistemática de empresas que operaban durante un periodo determinado y luego eran liquidadas para borrar el rastro de las deudas tributarias. Entre las sociedades mencionadas durante las audiencias figuran nombres como Modamundo Importaciones, Ginga Importaciones, Blue Sky Importaciones y Pink Life S.A.S. Y, con ese modus operandi las presuntas cifras del enorme desfalco son la siguientes:
Lavado de activos: Más de 730.000 millones de pesos.
Enriquecimiento ilícito: Más de 430.000 millones de pesos.
Contrabando: Un valor superior a los 75.000 millones de pesos.
Mercancía decomisada: Avaluada en más de 54.000 millones de pesos
El procesado se declaró inocente y no aceptó los cargos imputados. Fuentes judiciales informaron que la solicitud de medida de aseguramiento quedó pendiente de programación debido a problemas de salud presentados por el capturado tras su detención, lo que obligó a la suspensión de las audiencias.
La marca no tardó en responder. La compañía fue enfática al señalar que el hombre capturado no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo con la empresa desde el año 2021, y que la relación se limitó exclusivamente a una relación comercial de carácter cliente – proveedor.
Su defensa quedó en manos del penalista Iván Cancino, quien confirmó que existen procesos en etapa de investigación tanto en materia penal como de extinción de dominio, pero aclaró que aún no existe una decisión judicial en firme que establezca responsabilidades.
