Colombia, 12 de mayo 2026 – La suspensión provisional del decreto que ordenaba el traslado de hasta $25 billones desde las AFP hacia Colpensiones abrieron una brecha de incertidumbre que hoy afecta a decenas de miles de afiliados. La medida, adoptada por el Consejo de Estado, dejó en el aire el destino de cerca de 120.000 personas que solicitaron el cambio, y encendió un debate público que mezcla argumentos técnicos, preocupaciones jurídicas y una fuerte carga política a pocas semanas de las elecciones presidenciales.
Fuentes técnicas consultadas en distintos espacios coinciden en un punto central: Colpensiones tendría la capacidad financiera para atender las obligaciones derivadas de los traslados, en buena medida porque la mayoría de los beneficiarios aún no ha alcanzado la edad de pensión y, por tanto, las mesadas podrían financiarse con los aportes corrientes y los recursos ya administrados por la entidad. Ese diagnóstico, sin embargo, no disipa las dudas legales que motivaron la suspensión del decreto, ni atenúa el malestar de quienes ven en la decisión una afectación a derechos adquiridos.
La reacción del presidente de la República, expresada en redes sociales, añadió tensión al conflicto. Al cuestionar la actuación del Consejo de Estado y sugerir que la decisión contraviene la voluntad popular, el mandatario provocó críticas de analistas y juristas que interpretaron sus comentarios como una intromisión en la independencia judicial. En la mesa de análisis de Noticias RCN, expertos como Jorge Enrique Bedoya y Daniel Gómez calificaron esas declaraciones como “totalmente reprochables”, al considerar que deslegitiman el papel de los magistrados y politizan un asunto técnico y administrativo.
Más allá del choque entre el Ejecutivo y la justicia, el caso expone un problema práctico: la protección del ahorro de los afiliados. Los demandantes del decreto argumentan que hubo exceso de potestad reglamentaria y que la norma podría vulnerar garantías legales de los cotizantes. El Consejo de Estado, al ordenar la suspensión, actuó con base en la necesidad de preservar esos derechos mientras se resuelven las impugnaciones. Para los usuarios que ya iniciaron el trámite de traslado, la decisión implica una espera adicional y la incertidumbre sobre si sus aportes permanecerán en las AFP o terminarán en el régimen público.
