Colombia, 14 de mayo 2026 – En la noche del miércoles 13 de mayo, el presidente Gustavo Petro presidió un consejo de ministros extraordinario centrado en la reforma del sistema pensional y en las consecuencias de la reciente decisión administrativa que impide el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones para ciertos afiliados; durante la sesión el mandatario rechazó con contundencia las versiones que lo vinculan con un supuesto desvío de esos recursos a campañas políticas y aseguró que el pago de las pensiones corre por cuenta del presupuesto nacional, no por transferencias directas de Colpensiones al Ejecutivo, por lo que, según su relato, no existe fundamento para las acusaciones que lo relacionan con la campaña de Iván Cepeda; además, Petro atribuyó el origen de la controversia a las demandas presentadas contra la reforma por las candidaturas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, les hizo un llamado público para que retiren esas acciones judiciales, pues, en su opinión, fueron las que activaron el mecanismo que hoy bloquea el giro de recursos y generan incertidumbre sobre los ahorros de los trabajadores; el presidente advirtió también sobre la situación financiera de los fondos privados, que a su juicio enfrentan dificultades que podrían llevarlos a la quiebra si no se avanza en la transformación propuesta, y defendió la necesidad de la reforma como un instrumento para “hacer justicia” con los aportes acumulados por los afiliados a lo largo de su vida laboral; frente a la decisión del Consejo de Estado que suspendió el traslado de dineros, Petro anunció que el Gobierno expedirá una serie de decretos para mitigar los efectos de esa resolución y proteger la continuidad del proceso de transición hacia un esquema en el que Colpensiones tenga un papel central en la administración de las pensiones, sin detallar en el consejo el contenido preciso de las medidas ejecutivas; en su intervención el mandatario explicó que el sistema de prima media que administra Colpensiones financia las pensiones en buena parte con cotizaciones y con recursos estatales, por lo que la narrativa sobre un supuesto “trasvase” de fondos a campañas carece, según él, de sustento técnico; la discusión, que combina argumentos jurídicos, técnicos y políticos, se produce en un contexto electoral tenso y a pocas semanas de la primera vuelta, lo que eleva la carga simbólica y estratégica del debate: la mención directa a candidatos y la petición pública de retirar demandas colocan el tema pensional en el centro de la agenda pública y obligan a los actores a dirimir no solo la viabilidad financiera del sistema sino también la legitimidad política de las reformas; en los próximos días será clave seguir el trámite de las demandas ante la Corte Constitucional, la respuesta formal de los demandantes, el alcance de los decretos que el Ejecutivo pretende expedir y las posibles reacciones del sector financiero y de los administradores de fondos privados, pues de esas decisiones dependerá la certidumbre sobre el pago de pensiones y la protección de los recursos ya aportados por millones de trabajadores; mientras tanto, el Gobierno insiste en que su objetivo es garantizar la seguridad jurídica y la equidad en la distribución del ahorro previsional, y advierte que la inacción o la judicialización prolongada podrían agravar la situación de los fondos privados y afectar a los pensionados actuales y futuros.
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