El nuevo mandatario recibe un país que llega con avances importantes en materia de reducción de la pobreza, empleo y recuperación económica, pero también con un deterioro de las finanzas públicas, una inflación aún por encima de la meta del Banco de la República y un escenario de seguridad marcado por el fortalecimiento de los grupos armados ilegales.
El panorama económico muestra señales mixtas. Tras el bajo crecimiento registrado en 2024, la economía colombiana recuperó dinamismo durante 2025 y las proyecciones para 2026 ubican el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2,3 % y el 2,8 %. Sin embargo, los organismos económicos advierten que esa recuperación continúa limitada por la baja inversión privada, las presiones inflacionarias y el alto déficit fiscal.
Uno de los principales retos para el nuevo Gobierno será precisamente el manejo de las finanzas públicas. Diversos analistas estiman que el déficit fiscal ronda el 7,4 % del PIB, uno de los niveles más elevados registrados por el país fuera de un periodo de crisis económica o pandemia. Al mismo tiempo, la deuda pública continúa cerca del 60 % del PIB, lo que reduce considerablemente el margen de maniobra del Gobierno para impulsar nuevas políticas sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
En materia de inflación, aunque Colombia dejó atrás los máximos observados en 2023 y 2024, el país todavía está lejos de la meta del 3 % fijada por el Banco de la República. Las proyecciones oficiales ubican la inflación alrededor del 6 % durante 2026, impulsada por los incrementos salariales, el comportamiento de los alimentos y las presiones derivadas del gasto público. Esta situación mantiene elevadas las tasas de interés y limita el consumo y la inversión.
El mercado laboral presenta uno de los balances más positivos. La tasa nacional de desempleo ha descendido hasta ubicarse alrededor del 8 %, una de las cifras más bajas de las últimas décadas. La recuperación del empleo formal y el crecimiento de sectores como el comercio, la agricultura y algunos servicios permitieron consolidar esa mejoría, aunque persisten problemas de informalidad y brechas regionales.
En el frente social, el gobierno saliente deja indicadores históricamente favorables. La pobreza monetaria descendió hasta cerca del 28 % y la pobreza extrema cayó al 9,6 %, mientras que la pobreza multidimensional registró los niveles más bajos desde que existen mediciones oficiales. Estos resultados estuvieron acompañados por un incremento del salario mínimo cercano al 23 % para 2026, una decisión que fortaleció el ingreso de millones de trabajadores, pero que también despertó preocupaciones por sus efectos sobre la inflación y las cuentas fiscales.
El mayor desafío para el presidente De la Espriella, sin embargo, será la seguridad. El balance deja un crecimiento significativo de las estructuras armadas ilegales durante los últimos cuatro años. Diversos análisis estiman que los integrantes de estos grupos pasaron de aproximadamente 14.000 a cerca de 29.000, mientras los cultivos de coca alcanzaron niveles históricos con alrededor de 261.000 hectáreas sembradas. Este panorama será determinante para una administración que ha prometido endurecer la política de seguridad, fortalecer las Fuerzas Militares y combatir con mayor contundencia el narcotráfico.
Otro de los retos estructurales será recuperar la confianza de los inversionistas. Durante los últimos años la inversión privada mostró señales de debilidad, afectada por la incertidumbre regulatoria, el deterioro fiscal y los problemas de orden público. La nueva administración ha planteado una agenda orientada a estimular la inversión, impulsar nuevamente el sector minero-energético y simplificar el tamaño del Estado, aunque buena parte de esas iniciativas dependerán de los acuerdos que logre construir en un Congreso fragmentado.
A este panorama se suma un desafío demográfico de largo plazo. Colombia experimenta una acelerada reducción de la natalidad y un progresivo envejecimiento de la población, fenómeno que ejercerá una creciente presión sobre los sistemas de salud, pensiones y gasto social durante los próximos años.
Así, Abelardo De la Espriella inicia su mandato con un país que exhibe mejores indicadores sociales que hace cuatro años, pero que enfrenta profundas tensiones económicas, fiscales y de seguridad. Su capacidad para preservar los avances sociales, restablecer la confianza económica, controlar el gasto público y responder al deterioro del orden público definirá el rumbo de Colombia durante el próximo cuatrienio.
