Colombia, 13 de mayo 2026 – En la disputa pública que se abrió tras la operación aérea en la vereda Langalia, municipio de Tibú, las versiones sobre lo sucedido se contraponen con fuerza y dejan a la población local en una situación de incertidumbre y riesgo; el Ejército de Liberación Nacional difundió un video en el que afirma que el ataque “cayó en el vacío”, niega cualquier pérdida entre sus filas y asegura que sus unidades permanecen activas en el territorio, mientras que la cúpula militar y el Gobierno nacional describen la intervención como una acción de interdicción aérea y asalto directo que habría impactado de manera contundente a una comisión del frente señalado, con el hallazgo de fortificaciones, explosivos para drones y material para la fabricación de minas antipersonal; esa contradicción no solo alimenta la confrontación política —con acusaciones cruzadas sobre protección a grupos narcoparamilitares y advertencias sobre posibles “falsos positivos”— sino que también complica la verificación independiente en una región marcada por corredores hacia la frontera y por economías ilícitas que alimentan la violencia.
En el terreno, líderes comunitarios y organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por el impacto sobre civiles: el temor a desplazamientos forzados, la interrupción de actividades agrícolas y la limitación del acceso a servicios básicos son efectos recurrentes cada vez que se intensifican los combates en el Catatumbo; además, la presencia de múltiples actores armados y la dificultad para que observadores neutrales lleguen a las zonas afectadas hacen que la confirmación de cifras y la identificación de víctimas dependan de inspecciones forenses y de la transparencia en la entrega de información por parte de las autoridades.
Desde la perspectiva militar, la operación se enmarca en una estrategia para desarticular estructuras que controlan rutas y economías ilegales en la frontera, y sus portavoces han insistido en la necesidad de mantener la presión sobre los grupos armados para reducir su capacidad operativa; desde la óptica del ELN, en cambio, la narrativa oficial busca justificar acciones que, según la guerrilla, podrían encubrir ejecuciones o manipulaciones informativas destinadas a favorecer a bandas rivales. Entre ambos relatos, la población civil queda atrapada en una doble tensión: por un lado, la escalada de operaciones que aumenta el riesgo de daños colaterales; por otro, la polarización informativa que dificulta el acceso a datos verificados y a mecanismos de protección efectivos.
Mientras las autoridades anuncian labores de verificación y la Fiscalía coordina posibles diligencias en el área, las comunidades piden garantías para la seguridad de los habitantes y la presencia de organismos independientes que certifiquen los hechos; en los próximos días será clave la llegada de peritos, la publicación de informes forenses y la apertura de canales de comunicación que permitan despejar dudas sobre el número de víctimas y las circunstancias en que ocurrieron los hechos. En suma, el episodio en Langalia vuelve a poner al Catatumbo en el centro del debate nacional: la región sigue siendo un termómetro de la compleja mezcla entre conflicto armado, intereses ilícitos y fragilidad institucional, y la resolución de esta nueva controversia exigirá no solo claridad en los hechos sino medidas concretas para proteger a la población y restablecer condiciones mínimas de seguridad y confianza.
