La decisión presidencial de liquidar a Air-e, la empresa encargada de la distribución de energía en buena parte de la Costa Caribe, desató una fuerte reacción política y técnica. Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, no ocultó su molestia y lanzó duras críticas contra la administración nacional, a la que responsabilizó por el deterioro de la compañía y por la gestión de la crisis energética en la región.
Char calificó la situación como un fracaso de la gestión pública y señaló que la intervención y los cambios administrativos no han resuelto los problemas estructurales de la empresa. En su pronunciamiento, el mandatario local destacó que la compañía ha pasado por varios interventores y que, pese a ello, la deuda con generadoras y proveedores se ha disparado, lo que, en su opinión, evidencia una administración deficiente y consecuencias negativas para los usuarios.
Las preocupaciones sobre la salud financiera y operativa de Air-e no son nuevas. Un informe de la Contraloría General alertó sobre riesgos significativos que podrían afectar la continuidad del servicio eléctrico en la región Caribe. El órgano de control identificó un crecimiento sostenido de la cartera de la empresa, con un saldo que supera los seis billones de pesos, y un deterioro concentrado en los estratos más bajos, donde la morosidad de largo plazo es especialmente alta.
Según el documento técnico, más del 73 % de la cartera corresponde a obligaciones con más de un año de antigüedad, lo que agrava la presión sobre la liquidez de la compañía. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, los pasivos totales de Air-e aumentaron en más del 50 %, con una concentración del 86 % en pasivos corrientes, lo que, según la Contraloría, genera un riesgo inminente de incumplimiento frente a proveedores y al mercado mayorista.
La advertencia del ente de control también subraya un deterioro progresivo en la capacidad de cobro en estratos 1 y 2 y en zonas subnormales, lo que no solo afecta la sostenibilidad financiera de la empresa sino que plantea un desafío social: la prestación del servicio en los sectores más vulnerables podría verse comprometida si no se adoptan medidas urgentes y sostenibles.
Frente a este panorama, la liquidación anunciada por el Gobierno busca, según fuentes oficiales, reordenar la prestación del servicio y proteger a los usuarios. Sin embargo, la medida genera inquietudes sobre el impacto inmediato en la operación, la transición de responsabilidades y la garantía de suministro mientras se define un nuevo esquema de gestión. Para alcaldes y líderes locales, la prioridad es que cualquier proceso preserve la continuidad del servicio y no traslade costos adicionales a los ciudadanos.
La polémica también abrió un debate sobre responsabilidades políticas y técnicas. Para Char y otros críticos, la acumulación de problemas financieros y operativos es resultado de decisiones erráticas y de una supervisión insuficiente. En contraste, desde el Ejecutivo se ha planteado la necesidad de intervenir estructuras que, en su diagnóstico, no han cumplido con los estándares de gestión y servicio requeridos por la región.
En el terreno práctico, la liquidación de una empresa de servicios públicos implica trámites administrativos, posibles procesos judiciales y la definición de mecanismos para garantizar la operación mientras se implementa un nuevo modelo. Además, la eventual reestructuración deberá considerar la protección de los trabajadores, la transparencia en la transferencia de activos y pasivos, y la articulación con los entes reguladores y de control.
Para los usuarios, la principal inquietud es la continuidad y calidad del suministro eléctrico. Organismos de control, autoridades locales y el Gobierno central deberán coordinar acciones claras y comunicarlas con transparencia para evitar incertidumbre y garantizar que la transición no afecte el acceso a un servicio esencial.
La situación de Air-e se suma a una agenda más amplia sobre la prestación de servicios públicos en regiones con condiciones socioeconómicas complejas. La experiencia reciente muestra que las soluciones requieren no solo medidas administrativas sino también políticas públicas integrales que aborden la morosidad, la inversión en infraestructura y la sostenibilidad financiera de los operadores.
En las próximas semanas será clave seguir la evolución del proceso de liquidación, las decisiones regulatorias que se adopten y las medidas de contingencia para asegurar el suministro. Asimismo, la discusión política en torno a responsabilidades y soluciones técnicas continuará siendo un eje central en la agenda regional y nacional.
