Por: Danniela Rodríguez
En un paso significativo hacia la protección de los derechos de los ciudadanos y la transparencia en la imposición de sanciones de tránsito, el Senado de la República de Colombia aprobó en primer debate, el Proyecto de Ley 158 de 2024, acumulado con el Proyecto de Ley 220 de 2024, una iniciativa que busca reformar el sistema de fotomultas en el país, para ponerle fin a los abusos y garantizar el debido proceso a conductores.
El eje principal de la reforma consiste en garantizar que las fotomultas solo se impongan cuando sea posible identificar plenamente al conductor infractor y no simplemente al propietario del vehículo. Esto responde a reiteradas críticas que ha recibido el sistema por sancionar a dueños de vehículos que no conducían al momento de la infracción.
La reforma contempla los siguientes cambios clave:
- Identificación del conductor como requisito obligatorio: las autoridades solo podrán imponer sanciones cuando se logre determinar inequívocamente el conductor del vehículo al momento de la infracción. Esto implica que la simple captura de una placa no será suficiente para sancionar.
- Debido proceso garantizado: el proyecto refuerza el derecho al debido proceso, exigiendo que cualquier sanción con base en medios tecnológicos esté acompañada de evidencia suficiente que permita ejercer el derecho a la defensa.
- Limitación al uso del espacio público por parte de operadores privados: la iniciativa establece reglas claras para el uso del espacio público cuando estos sistemas sean operados por empresas privadas, evitando que se conviertan en un negocio lucrativo sin control.
- Regulación técnica de los dispositivos: se implementarán criterios técnicos para la instalación y operación de cámaras y dispositivos electrónicos, asegurando que su ubicación y funcionamiento respondan a criterios de seguridad vial y no a intereses económicos.
- Verificación y notificación más rigurosas: el proceso de notificación de comparendos deberá cumplir estándares más estrictos para garantizar que los ciudadanos estén adecuadamente informados y puedan ejercer su defensa.
- Revisión del modelo de negocio de las fotomultas: se restringe la posibilidad de que los municipios cedan porcentajes desproporcionados del recaudo a operadores privados.
El senador Julio Alberto Elías Vidal, autor y ponente del proyecto, afirmó: “Los carros no cometen infracciones, las cometen personas. Nadie debe ser sancionado si no hay certeza de quién cometió la falta”.
Uno de los aspectos fundamentales de la reforma es el establecimiento de un marco técnico y regulatorio para el uso de cámaras de fotodetección, que busca garantizar transparencia, seguridad vial y legalidad.
Todas las cámaras utilizadas para detectar infracciones deberán estar homologadas por el Ministerio de Transporte y cumplir con estándares internacionales de precisión. Los dispositivos deberán someterse a verificaciones técnicas periódicas para garantizar su correcto funcionamiento y evitar fallas que afecten la validez de los comparendos.
La instalación de las cámaras solo podrá hacerse en zonas con alta incidencia de accidentes de tránsito o con necesidades específicas de control. Además, la ubicación deberá ser pública, visible y señalizada con antelación, para evitar que los ciudadanos sean sorprendidos sin información previa.
Las evidencias que deberán registrar las cámaras incluyen la velocidad del vehículo, la hora, el lugar exacto de la infracción y en la medida de lo posible, el rostro del conductor. Esta información servirá para sustentar el proceso sancionatorio y permitir la identificación del infractor real.
Para el sistema de respaldo y auditoría, los equipos deben contar con sistemas de almacenamiento seguros para la preservación de pruebas y permitir auditorías externas. La información captada por las cámaras deberá almacenarse por un tiempo mínimo de seis meses y estar disponible para las autoridades judiciales o administrativas si el ciudadano decide apelar la sanción.
La Comisión Sexta del Senado respaldó unánimemente la iniciativa, que ahora deberá pasar por la plenaria del Senado y posteriormente por la Cámara de Representantes para convertirse en ley.
La aprobación de este proyecto en primer debate representa un avance en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la presunción de inocencia y el debido proceso. Además, busca corregir prácticas que han llevado a que propietarios de vehículos sean sancionados sin que se pruebe su responsabilidad en la infracción.
