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Comisión de la Verdad de Colombia insta al Gobierno y comité del paro a reiniciar diálogo

La Comisión de la Verdad de Colombia, creada en los diálogos de paz de La Habana para revelar los crímenes cometidos en el conflicto armado, pidió el lunes al Gobierno y al Comité Nacional del Paro (CNP) que continúen el diálogo para poner fin a las protestas contra el Ejecutivo que llevan más de un mes.

“Es necesario que el Gobierno acoja cuanto antes las garantías de diálogo que pide el Comité Nacional del Paro y que este no se pare de la mesa e inicien ya la negociación impostergable”, dijo la Comisión en un comunicado.

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El organismo se pronunció así luego de que el domingo el CNP anunció que se levantaba de la mesa de diálogos con el Gobierno de manera unilateral tras no observar avances en las reuniones, que se mantenían desde el 13 de mayo, para buscar garantías a la protesta social y pasar a la instalación de una mesa de negociaciones sobre otros puntos.

Por su parte, el Gobierno informó que mantiene la voluntad de diálogo, pero que sólo avanzará en las negociaciones cuando el CNP inste a que se levanten los bloqueos en las carreteras, los cuales han generado desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en varias regiones del país.

“Los bloqueos de carreteras y ciudades han mostrado la determinación de los jóvenes y de las comunidades populares, indígenas y afro a no aceptar más la injusticia intolerable. Pero el bloqueo nacional indefinido lleva al mismo tiempo costos inmensos para el pueblo en alimentación, salud y buen vivir y pérdidas enormes de bienes para toda la sociedad que no pueden seguir acrecentándose”, expresó la Comisión de la Verdad en su texto.

Agregó que “el bloqueo fue un medio para conseguir un fin. El fin está ya en marcha en la ruta hacia el pacto social por un nuevo país que han emprendido los indígenas, afros, campesinos y universitarios”.

Asimismo, expresó que lo observado en Colombia desde el 28 de abril, cuando comenzaron las protestas, es “un grito masivo de insatisfacción, hambre y desconfianza en las instituciones que requiere comprensión y escucha”.

Aunque señaló que tal manifestación “no es subversión armada”, reconoció que “quedan grupos insurgentes y mafias que pueden aprovecharse de las circunstancias”, ante lo cual dijo que “los líderes del paro han protegido la movilización de esas pretensiones y es irrespetuoso y mal intencionado tratar la protesta colectiva de más de 600 municipios como idiotas útiles de la subversión cuando no hay fundamentos para afirmarlo”.

Además, la Comisión de la Verdad dijo que acoge “con esperanza y confianza plena” la visita que hace al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el lunes y hasta este miércoles para observar la situación de derechos humanos en medio de las protestas.

“Exigimos que se hagan pronto las investigaciones y se castigue a los responsables de todos los lados”, agregó la Comisión de la Verdad.

Según denuncias de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, una organización defensora de derechos humanos, entre el 28 de abril y el 4 de junio al menos 77 personas murieron durante las protestas en Colombia, 34 de ellas a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 1.246 civiles han sido heridos, de las cuales al menos 74 sufrieron lesiones oculares, mientras que suman 87 los casos de personas heridas por armas de fuego.

Los datos, que fueron revelados el domingo, muestran además que en poco más de un mes de paro se ha detenido de manera arbitraria al menos a 2.808 personas y se ha cometido violencia de género contra 106 personas.

Por su parte, la Fiscalía informó el 31 de mayo, en un comunicado, que recibió reportes de 48 muertes en las protestas, y que las pruebas dan cuenta de que 20 de ellas tienen nexo directo con las manifestaciones, hay nueve fallecimientos en proceso de verificación y en 19 “hay evidencia suficiente de que no guardan vínculo con las movilizaciones”.

Ante las denuncias de abusos por parte de la Policía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza publica. 

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