Aún se recuerda el grave montaje que le hicieron a una empresa de bebidas gaseosas y que circuló en redes sociales ocasionando graves daños en su imagen y en sus ventas. Ingresar al internet (por más que oculte la identidad) no da derechos para denigrar de las personas o de las empresas.
Bien son conocidas las fake news (noticias falsas) que circulan para ocasionar daños a instituciones, empresas o, simplemente a una persona.
Pero todos tenemos derecho al olvido.
Esto lo entendió Diego Sánchez, un joven abogado catalán, al montar Eliminalia, una compañía dedicada a borrar el pasado de las personas o de las empresas.
“Son muchos los espacios donde puedes publicar información en internet sin contrastar. Vemos cómo imágenes se hacen virales y después resultan ser bulos o estar desactualizadas. Son muchas las organizaciones y personas que se pueden sentir desprotegidas cuando aparece una información negativa sobre ellos. Nuestro trabajo es ayudarles a que desaparezca y puedan continuar con su actividad normal”, explica.
Desde su creación, la compañía ha acompañado en este proceso a 3.500 empresas y más de 5 mil personas a nivel particular.
En contexto
En mayo se cumplieron 5 años cuando el Tribunal de Justicia Europeo dictó la sentencia del “Derecho al olvido”. Desde entonces se han recibido más de 800.000 peticiones. Sin embargo, en Colombia es un concepto legal emergente, no definido en una norma o ley concreta.
Para llevar a cabo su actividad, Eliminalia cuenta con un equipo de expertos que conoce en profundidad en funcionamiento de la red desde sus diferentes perspectivas, pudiendo llevar a cabo la eliminación de los datos e informaciones perjudiciales para su cliente, incluyendo acciones de su departamento jurídico si es necesario.
En este contexto, es importante destacar que todas las actividades se llevan a cabo dentro de la más estricta legalidad, no quedan lejos de las estrategias que las marcas, por ejemplo, llevan a cabo para ganar notoriedad.
Se busca defender el derecho que el titular de un dato personal tiene para eliminar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera, afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales.
–Muchas de las notas deben tener una acción penal por difamación o mentira ¿Cuál es el procedimiento?
–El 90% de los casos son solucionados sin tener que llegar a una acción penal, pues nos aceptamos clientes a los que no podamos garantizar el servicio. Requerir de acción penal contra un medio de comunicación, web, foro o red social significa tener que entrar en plazos de esperar muy largos y en ocasiones sin éxito. En cualquier caso, si fuera necesario también iniciamos cualquier tipo de acción legal, ya bien civil o penal mediante nuestros abogados con sede en Colombia.
–¿Qué leyes protegen a las personas o a las empresas sobre estos daños cibernéticos?
–Las leyes son distintas para las personas y empresas. Para las personas: La ley de protección de datos personales – Ley 1581 de 2012 – es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales, así como el Derecho de Habeas Data. El Derecho de Habeas Data que consiste en permitir a los ciudadanos conocer, actualizar y rectificar toda la información que tengan las diferentes entidades y bases de datos del país. En relación a las empresas es un tanto más complejo, no hay una Ley específica que proteja a las empresas y ahí si se deberían en algunos casos iniciar acciones civiles y/o penales. En cualquier caso, parte de nuestro trabajo es justamente evitar cualquier procedimiento civil o penal y trabajar con nuestros sistemas informáticos.
–Es época electoral, ¿cómo se castigarán a quienes denigran de ciertos candidatos?
–El problema es que la Ley en la mayoría de casos es lenta y complicada. Hoy ofender, criticar, injuriar, calumniar e incluso imputar cualquier tipo de delito es muy sencillo, un sujeto entra en internet, crea una cuenta anónima y empiezas a denigrar a cualquier candidato. Iniciar acciones legales contra los usuarios anónimos es lento y para entonces, la campaña electoral ya habrá pasado y el daño ya está ocasionado. De ahí la utilidad de nuestra empresa, poder eliminar comentarios injuriosos y calumniosos de manera efectiva en máximo 24 horas y evitar que afecte a la reputación de un candidato. Son muy conocidas las guerras sucias digitales en muchos países en plena campaña electoral.
–¿Qué opina de las empresas dedicadas a denigrar de otros candidatos?
–Es un tema bien complejo, la gran problemática de este asunto es que ha entrado en juego una nueva forma de hacer campañas: la guerra digital. En algunas ocasiones algunos candidatos nos han llegado a preguntar la posibilidad de que uno de nuestros servicios sea justamente el de denigrar a candidatos que están por encima en encuestas, a lo que siempre hemos mantenido todo tipo de distancias.
–¿Esta es la mejor fórmula para acabar con las Fake News o falsas noticias?
–Por desgracia no existe departamento, gobierno o entidad que esté habilitado a los usuarios de Internet para poder retirar contenido de la red sin tener que iniciar acciones judiciales, que como hemos indicado, son lentas y no garantizan el resultado.
–¿Qué cuesta este servicio?
–Servicio para particulares es de 3.000 dólares americanos a los 50.000. Para empresas y campañas electorales el presupuesto es más elevado y debe estudiarse de manera totalmente personalizada.