Por: Juan David Quevedo
La medida provisional del alto tribunal impacta principalmente a siete integrantes de estructuras criminales del Valle de Aburrá que participaban en los diálogos adelantados por el Gobierno Nacional dentro de la estrategia de paz urbana.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de la resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación el pasado 27 de marzo de 2026, mediante la cual se habían frenado órdenes de captura contra 23 cabecillas vinculados a estructuras criminales del Valle de Aburrá relacionadas con los diálogos de paz urbana impulsados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La decisión fue adoptada luego de que el alto tribunal admitiera una demanda de nulidad presentada contra el acto administrativo emitido por la Fiscalía. Como medida cautelar, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de esa resolución mientras estudia la legalidad del procedimiento utilizado dentro del proceso judicial.
Aunque la medida de la Fiscalía cobijaba a 23 voceros relacionados con el denominado Espacio de Conversación Sociojurídico instalado en Medellín y el Valle de Aburrá, la decisión judicial impacta especialmente a siete de ellos que se encontraban fuera de prisión y que contaban con la suspensión temporal de las órdenes de captura mientras avanzaban las conversaciones con el Gobierno Nacional.
La resolución expedida por la Fiscalía hacía parte de los mecanismos jurídicos utilizados para facilitar la participación de integrantes de estructuras criminales en la mesa de diálogo adelantada dentro de la estrategia de paz urbana.
Semanas atrás, la Gobernación de Antioquia había cuestionado la legalidad de la medida y aseguró que la suspensión de órdenes de captura representaba riesgos para la seguridad en la región. El gobernador Andrés Julián Rendón sostuvo que los beneficios otorgados favorecían a personas señaladas de liderar estructuras relacionadas con extorsión, narcotráfico y otros delitos en el Valle de Aburrá.
Desde la Alcaldía de Medellín también se habían presentado cuestionamientos frente a algunos beneficios judiciales entregados en medio de las conversaciones impulsadas por el Gobierno Nacional.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz había defendido el mecanismo al señalar que las suspensiones temporales de captura buscaban garantizar la permanencia de los voceros en la mesa de diálogo y avanzar en compromisos relacionados con la reducción de homicidios y hechos violentos en distintos sectores del área metropolitana.
La decisión del Consejo de Estado no implica la suspensión de los diálogos de paz urbana adelantados por el Gobierno Nacional. Sin embargo, sí deja sin efecto provisionalmente uno de los mecanismos jurídicos utilizados para permitir la participación de algunos voceros en ese proceso.
El caso continuará ahora bajo revisión judicial mientras el alto tribunal analiza si las medidas adoptadas por la Fiscalía dentro de la estrategia de paz urbana se ajustan a las facultades establecidas por la ley.
