“Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento. Cruz Verde no ha recibido por parte de dicha EPS un plan de pago, y, a la vez, la aseguradora ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido”, reseñó la parte reclamante.
En su misiva, Cruz Verde alegó que la determinación se tomó “después de agotar múltiples y extensos espacios de acercamiento” para el pago de la cartera adeudada por Sanitas, situación que imposibilita que siga prestando el suministro no solo de medicamentos, sino de insumos y tecnologías que no cubre el PBS, en especial de carácter ambulatorio.
Esta medida, añadió la compañía, ya fue comunicada a la EPS, que deberá definir las acciones que, según Cruz Verde, “estime pertinentes para dar continuidad al acceso efectivo a los medicamentos de sus afiliados a través de otros actores”.
Con su decisión, la entidad gestora manifestó que, si bien tiene “el compromiso con la salud y el bienestar de las comunidades”, no puede desconocer la responsabilidad del Gobierno en esta crisis, al que le ha indicado en reiteradas ocasiones su disposición para seguir haciendo parte del sistema de salud “en el largo plazo”, pero siempre y cuando se fortalezca la operación local.
Uno de los primeros en reaccionar a esta noticia fue el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, que señaló que la deuda que actualmente tiene Sanitas con Cruz Verde es responsabilidad del Gobierno nacional, que se ha retrasado en los pagos que deben hacerse.
“Gravísimo. Cruz Verde anuncia que no seguirá suministrando medicamentos No PBS a Sanitas. Esto se debe a los retrasos del gobierno en los giros de presupuestos máximos: mensualidades de 2023 y ajustes de 2022. Avanza la ‘crisis explícita’ a costa de los pacientes”, manifestó Forero, crítico en materia de salud al Ejecutivo y que ha puesto en evidencia los riesgos de la reforma que se tramita en el Congreso.
Al pronunciamiento de Forero se sumó el de la también representante Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, que se ha ido desmarcando de las propuestas del presidente de la República, Gustavo Petro, que cursan en el Legislativo; entre ellas la reforma a la salud, que deberá surtir la continuidad del segundo debate en la corporación el miércoles 1 de noviembre de 2023.
Sanitas había advertido sobre crisis que se avecinaba
A finales de agosto de 2023, las tres EPS más importantes de Colombia, Sanitas, Sura y Compensar, habían advertido al Ministerio de Salud sobre la crisis que se proyectaba, luego del descalabro financiero que las tenía al borde de cerrar los puntos de atención en el territorio nacional y de suspender operaciones de forma total; y todo por las deudas que acumulaba el Gobierno.
Así lo manifestó Juan Pablo Rueda, presidente de la entidad promotora de salud, que hizo un urgente llamado al titular de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que se pusieran al día con las acreencias. Un dato que causa mayor angustia es que Sanitas atiende a 5,7 millones de usuarios en Colombia, por lo que su colapso generaría una situación de alto impacto para el sistema de salud.
Ya el 25 de octubre en visita que hacia el ministro Guillermo Jaramillo en la ciudad de Villavicencio declaraba que ya le pagaron el mes de octubre y el 96% de las Unidades de Pago por Capacitación (UPC) y aseguró que “ya les pagamos presupuestos máximos de dinero” y aseveró que las EPS, teniendo en cuenta lo anterior, no tendrían ninguna excusa para pagarle a las IPS.
Además, aprovechó la pregunta que le hicieron para mencionar la reforma a la salud que se ha estado promoviendo desde el Gobierno nacional y de la cartera que dirige, pues de acuerdo a lo que sustenta con esta, el dinero ya no iría para las IPS, sino que directamente para el que hace la asistencia, es decir los centros médicos y hospitales, de esta forma, según palabras del ministro “se acabaría la justificación de que no les están pagando”, esto último con relación a las EPS.
Sobre este tema, tres EPS, Compensar, Sura y Sanitas le enviaron una carta al Ministerio de Salud en el mes de agosto, en la que dijeron: “El valor de la UPC es insuficiente para atender el plan de beneficios en Salud. Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue un insuficiente en un 8 %, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7 %”,