En una sesión de 22 horas, la Cámara de Diputados de Chile aprobó iniciar un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera: 78 a favor, 57 en contra y 3 abstenciones. La decisión queda ahora en manos del Senado.
Así la Cámara de Diputados aprobó a la madrugada de este martes (9.11.2021) realizar un juicio político para destituir al presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, por las supuestas irregularidades en la venta de la minera Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, revelada en los Papeles de Pandora.
Tras una jornada maratoniana de casi 24 horas los diputados resolvieron, por 78 votos a favor y 67 en contra y 3 abstenciones, que la acusación constitucional presentada el pasado 13 de octubre por la oposición pase al Senado, el órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado por los Papeles de Pandora.
El abogado de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su defensa ante el plenario y enfatizó: “Les ruego, honorables diputados y diputadas, rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional”.
La acusación constitucional, como se conoce en Chile este recurso que busca la destitución del presidente Piñera —quien está en la recta final de su segundo gobierno iniciado en marzo de 2018—, fue presentada la primera semana de octubre por el arco de la oposición socialista y de izquierda al Gobierno.
El debate empezó a las 10H25 de la mañana del lunes por el diputado socialista Jaime Naranjo, quien leyó durante 15 horas 1.300 páginas para argumentar la acción legislativa contra el mandatario y para que en Chile “se termine la impunidad” de quienes tienen poder.
Esta fue una de las frases más escuchadas y su contenido tiene un enorme eco en este país tras la crisis social que estalló en 2019.
Al destacar que en el caso de Dominga se realizó una supuesta negociación incompatible, Naranjo dijo: “Actuando como Presidente se benefició (a él) y a su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio de su cargo. Y siguió negociando e hizo subir el precio de Dominga”, sostuvo sobre la operación realizada en 2010, cuando el mandatario asumía su primer Gobierno.
Ahora, la acusación contra el mandatario pasa a la Cámara de Senadores, que actuaría como jurado para sellar el futuro de Piñera, aunque en esta instancia no contaría con los votos necesarios para destituirlo e inhabilitarlo de por vida para acceder a cargos públicos.
La acusación se votará en la Cámara Alta apenas unos días antes de que Chile celebre el próximo 21 de noviembre las elecciones más trascendentales e inciertas de su historia reciente.
A diferencia de lo que sucede cuando se abre un juicio político a otras autoridades, en el caso del presidente, este no queda suspendido de sus funciones mientras se lleva a cabo el proceso, pero no podrá ausentarse del país sin acuerdo del Parlamento.
Los medios y la crisis
Los medios de comunicación en Chile retransmitieron en directo el debate en el Congreso, donde los parlamentarios de oposición animaron por horas a Naranjo, de 70 años, que solo bebió agua, comió pasas y paró en un par de ocasiones para ir al servicio. Poco antes de la medianoche, el diputado democristiano Jorge Sabag llegó de incógnita al edificio del Parlamento en la ciudad de Valparaíso, a unos 100 kilómetros de Santiago. Era uno de los votos indispensables para asegurar la mayoría, pero el parlamentario se encontraba en la ciudad de Chillán, su zona, donde en las últimas horas se realizó un examen para descartar la covid-19. Tras la presión de sus camaradas de partido, viajó a votar al Parlamento y no hizo caso a las autoridades sanitarias que le recordaron que debía aislarse hasta conocer el resultado de la PCR. Con la ayuda de otro congresista de su partido, Gabriel Ascencio, esquivó a las autoridades sanitarias en la puerta del Congreso, que lo esperaban para inspeccionar su situación.
Pero el interés se concentró en el diputado Giorgio Jackson, jefe político de la campaña presidencial de Boric. Jackson cumplía cuarentena hasta este martes, porque era contacto estrecho del candidato presidencial, contagiado por covid-19. Justo a medianoche salió de su casa en Santiago y se dirigió conduciendo al Congreso para votar a favor en el juicio político, donde se necesitaba llegar a los 78 votos.
Antecedentes de la Crisis política
La publicación a comienzos de octubre de los Papeles de Pandora desató una crisis política en la fase final del Gobierno, porque reabrió un conflicto que Piñera no ha sabido cerrar en su dilatada trayectoria pública: la difusa línea de separación entre sus negocios y la política. Apenas en la línea de flotación desde las revueltas sociales de octubre de 2019, terminará su segundo mandato con la Fiscalía encima, que tras la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) abrió una investigación por presuntas irregularidades en la venta de un proyecto minero en 2010. El juicio político que podría provocar la destitución del presidente, en tanto, apunta a “los actos de su Administración que comprometieron gravemente el honor de la Nación y por haber infringido abiertamente a la Constitución y las leyes”, según el documento de 285 páginas que presentaron los diputados de oposición.
Nunca antes un presidente chileno había sido investigado por la Fiscalía por su función pública. Tampoco nunca en el pasado reciente un mandatario de Chile ha terminado anticipadamente su mandato, porque la última vez que ocurrió fue con el golpe de Estado militar contra Salvador Allende en 1973.
La acusación ha abierto un debate profundo sobre la oportunidad de esta acusación constitucional contra Piñera. Un sector defiende la necesidad de castigo político —”es un ayuno que he hecho por la Justicia”, aseguró Naranjo sobre las horas sin alimentación ni descanso en medio de su discurso—, como lo expresó el candidato Boric: “Con el trabajo periodístico internacional supimos que el presidente Piñera habría realizado transacciones en paraísos fiscales, siendo un proyecto dañino ambientalmente como Dominga, la moneda de cambio. No permitiremos que la máxima autoridad dañe la honra del país”, escribió en Twitter.
Pero existen los que piensan que más allá de las eventuales responsabilidades del presidente Piñera que merecen ser investigadas, una acusación constitucional en medio de la mayor crisis política del país en décadas es una irresponsabilidad. Sobre todo, porque la ley permite que la acusación se presente hasta seis meses después de que Piñera termine su mandato constitucional, el 11 de marzo. Sea como fuere, lo ocurrido esta madrugada en el Congreso fue analizado desde diferentes ópticas. Para parte de la sociedad, se trató de un asunto épico. Para otra, sin embargo, fue un nuevo momento de descrédito de la clase política, que dirigentes como Kast saben aprovechar. “Esta noche, sin lugar a dudas, será recordada como una de las más infames de la historia de nuestro Congreso. Maniobras políticas, engaños y falso heroísmo para justificar un acto político-electoral sin fundamento”, escribió el candidato de la derecha extrema ya por la madrugada.
Es una semana donde el Congreso definirá asuntos clave, pocos días antes de las elecciones generales del 21 de noviembre, donde se votará la sucesión de Piñera y se renovará buena parte del Parlamento. Los congresistas, que viven sus últimos meses en sus escaños, votarán sobre la extensión del estado de excepción constitucional en la Araucanía y el cuarto retiro del 10% de los fondos de ahorros previsionales, una política pública que técnicos de todos los sectores han pedido frenar por el daño a la otrora estable economía chilena.
Fuente: prensa internacional