Colombia, 09 de junio 2026 – La gobernación del Tolima alertó sobre presuntas maniobras de grupos armados ilegales para influir en el comportamiento electoral de comunidades rurales, entre ellas la entrega de documentos de identificación política y la convocatoria a reuniones que, según las autoridades, buscan condicionar el voto de la población.
La denuncia fue formulada por Adriana Magalí Matiz, gobernadora del departamento, quien aseguró que las llamadas disidencias de las Farc estarían “carnetizando” a personas en varias localidades con miras a las elecciones del 21 de junio. Matiz describió el fenómeno como una forma de coerción social que sustituye los enfrentamientos armados tradicionales por mecanismos de presión sobre líderes comunitarios y familias.
Según la mandataria, las tácticas observadas incluyen la entrega de documentos, la citación a reuniones y la asunción de funciones públicas por parte de actores armados, acciones que, en su opinión, buscan crear dependencia y control social en zonas con presencia débil del Estado. Frente a esta situación, la gobernación ha reforzado la presencia de la fuerza pública y ha impulsado programas de inversión social para reducir la vulnerabilidad de las comunidades.
La administración departamental destacó como ejemplo de respuesta la entrega de 4.200 canastas alimentarias en el municipio de Ataco, una acción orientada a apoyar a menores de edad y a familias en situación de necesidad antes del receso escolar. Matiz explicó que estas iniciativas buscan ofrecer alternativas concretas que disminuyan la capacidad de los grupos armados para condicionar a la población mediante promesas o ayudas focalizadas.
La gobernadora también informó que el gobierno departamental ha destinado recursos para mejorar la infraestructura educativa y las vías terciarias, con proyectos de placa huella y una inversión superior a 2.000 millones de pesos en obras que, según ella, contribuyen a restablecer la presencia estatal y a fortalecer la vida comunitaria.
Matiz anunció que las alertas detectadas serán presentadas esta semana ante una comisión de seguimiento electoral, donde se expondrán las evidencias y se coordinarán acciones con la Fuerza Pública y organismos internacionales. El objetivo, dijo, es garantizar una jornada electoral en la que los tolimenses puedan ejercer su derecho al voto libremente y sin coerción.
La gobernación adelantó que habrá vigilancia especial en municipios considerados de riesgo y que se solicitará el acompañamiento de observadores internacionales para aumentar la transparencia y la seguridad del proceso. Además, se trabaja en estrategias conjuntas con juntas de acción comunal y otras organizaciones locales para blindar la logística electoral y proteger a los líderes comunitarios.
No se trata, según las autoridades consultadas, de un fenómeno aislado. Testimonios de líderes sociales, periodistas y funcionarios de la Fuerza Pública han señalado prácticas similares en departamentos como Caquetá, Guaviare y Putumayo, donde se reportan citaciones a presidentes de juntas de acción comunal y otras formas de presión para influir en los comicios. En algunas regiones, las disidencias habrían recurrido incluso a falsos negocios que terminan en secuestros selectivos para neutralizar a personas de alto perfil económico o social.
Frente a ese panorama, las autoridades regionales insisten en la necesidad de combinar medidas de seguridad con políticas sociales sostenibles que reduzcan la capacidad de los grupos armados para imponer su control. La gobernadora Matiz subrayó que la respuesta debe ser integral: mayor presencia del Estado, inversión en servicios básicos y mecanismos de protección para quienes ejercen liderazgo local.
Mientras se acerca la segunda vuelta presidencial, la alerta temprana activada en Tolima busca anticipar riesgos y coordinar respuestas entre instituciones. La convocatoria a la comisión de seguimiento electoral y la solicitud de acompañamiento internacional son pasos encaminados a garantizar que la jornada se desarrolle con normalidad y que el derecho al sufragio no sea vulnerado por presiones externas.
Las autoridades locales han hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de coacción y para que participe en el proceso electoral con la tranquilidad de que se están tomando medidas para proteger su libertad de elección.
