Por: Juan David Quevedo
Durante un evento este 18 de junio en Bogotá, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), presentó oficialmente la nueva Política Nacional de Discapacidad, hoja de ruta que busca fortalecer la garantía de derechos, la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad en Colombia durante la próxima década.
La iniciativa quedó consignada en el CONPES 4198 de 2026 y establece acciones orientadas a promover la vida autónoma, la vida independiente y la inclusión de esta población en distintos ámbitos sociales, educativos, laborales y comunitarios.
Durante la jornada participaron representantes de entidades del Gobierno nacional, organizaciones de personas con discapacidad y funcionarios que hicieron parte de la construcción del documento. Entre ellos estuvieron Natalia Irene Molina, directora del DNP; Diana Grijalva, de la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Igualdad y Equidad; Andrea Chacón, directora del INCI; Giovanni Andrés Meléndrez, director del INSOR, y Jaime Urrego, viceministro de Salud Pública.
La política busca avanzar hacia un modelo basado en derechos, dejando atrás visiones asistencialistas de la discapacidad. Asimismo, destaca la importancia de fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones y en el seguimiento de las acciones que deberán implementar las entidades del Estado.
La política fue construida mediante un proceso de concertación que incluyó más de 100 mesas de trabajo y la participación de diferentes sectores del Gobierno nacional. El plan contempla 119 acciones que serán desarrolladas por 15 sectores y entidades públicas durante los próximos años.
Entre los ejes abordados se encuentran el fortalecimiento de la capacidad institucional, la reducción de barreras de accesibilidad físicas, digitales y comunicacionales, la promoción de la autonomía económica y laboral, y el fortalecimiento de la articulación entre las entidades encargadas de garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Durante la presentación también se expusieron algunos de los desafíos que enfrenta esta población. Según las cifras compartidas por el DNP, solo el 22 % de las personas con discapacidad mayores de 18 años cuentan con una ocupación laboral, mientras que apenas el 9,9 % accede a educación superior. Además, el 60,1 % manifiesta enfrentar barreras físicas para acceder a servicios del Estado.
La implementación de la nueva Política Nacional de Discapacidad contará con una inversión estimada de 5,6 billones de pesos y tendrá seguimiento periódico por parte de las entidades responsables.
El reto principal de esta política será convertir los compromisos establecidos en el documento en acciones concretas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el ejercicio efectivo de derechos de las personas con discapacidad en Colombia.
