La Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión conformada por 14 organizaciones de la sociedad civil, cumple una década de trabajo permanente por los derechos de las personas privadas de la libertad en Colombia y, justamente el 26 de junio pasado se conmemoró el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, una jornada que obliga a revisar lo que ocurre dentro del sistema penitenciario y a reconocer que las cárceles siguen siendo espacios donde la dignidad humana se vulnera todos los días.
En UNIMINUTO Radio conversamos con Juliana Gutiérrez Villate, abogada de la Corporación Humanas y secretaria técnica de la Comisión. Gutiérrez explicó el origen de la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión y se creó a partir del mandato constitucional por parte de la Corte Constitucional está en un mandato de la Corte Constitucional, “La sentencia T-388 de 2013 nos dio esa facultad, no solo para vigilar, sino para ingresar a las cárceles y verificar directamente las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad”, explicó la abogada.
Desde entonces, la Comisión ha tenido la función de hacerle veeduría a las instituciones que operan las cárceles y de realizar visitas de verificación de derechos humanos en los centros de reclusión.
Diez años documentando violaciones de derechos humanos en prisión
Durante esta década, la Comisión ha publicado informes anuales de seguimiento al estado de cosas inconstitucional, además de estudios temáticos centrados en problemáticas específicas; mujeres privadas de la libertad, actos de tortura, fallas en las comunicaciones y el enfoque diferencial en el sistema penitenciario, “uno de nuestros logros ha sido visibilizar con mayor fuerza la situación que viven las personas privadas de la libertad. En su momento hicimos giras carcelarias con otras organizaciones para registrar la realidad que viven estas personas, en temas de infraestructura, salud, alimentación y atención básica”, señaló Gutiérrez.
Ese trabajo constante también les ha permitido generar puentes de comunicación con el Ministerio de Justicia, el INPEC y otras entidades responsables del sistema penitenciario. A través de estos canales, la Comisión entrega recomendaciones para mejorar una realidad que, como recalca Gutiérrez, “sigue estando lejos de ser digna”.
¿Cómo es la situación en las penitenciarias hechas para mujeres?
Uno de los focos más críticos que aborda la Comisión es la situación de las mujeres privadas de la libertad. No solo representan una minoría dentro del sistema penitenciario, contando con alrededor de 6.000 mujeres privadas de la libertad y adicionalmente, sus condiciones suelen ser aún más precarias que las de los hombres, “hay muy pocas cárceles de mujeres en Colombia y eso obliga a que muchas sean trasladadas a cientos de kilómetros de sus hogares. Esto rompe los vínculos familiares y vulnera derechos como la unidad familiar y la dignidad humana”, declaró Gutiérrez.
La falta de enfoque de género en la infraestructura y el funcionamiento del sistema penitenciario genera efectos directos en el acceso a salud, espacios de cuidado y garantías básicas. Según la abogada, las mismas mujeres privadas de la libertad han señalado que las condiciones que enfrentan son incluso peores que las de los hombres, en centros donde además son más propensas a sufrir violencia institucional.
Violaciones, archivos y cifras que no cuadran
La Comisión ha identificado patrones preocupantes de abuso sexual, maltrato físico y abuso de poder dentro de los centros penitenciarios. Según los datos del informe sobre mujeres en prisión, entre 2013 y junio de 2024 se reportaron 22 procesos por delitos sexuales en cárceles, en los que al menos uno de los indiciados era funcionario de las prisiones. De esos casos, 12 tuvieron mujeres como víctimas, lo que representa más del 54% del total, “la mayoría de esos procesos fueron archivados por la Fiscalía General de la Nación. Solo uno tuvo imputación y en otro se solicitaron medidas de aseguramiento. Esto muestra que cuando las mujeres denuncian, hay una respuesta institucional mínima o inexistente”, afirmó Gutiérrez.
Además, las inconsistencias entre los datos oficiales preocupan. Mientras la Fiscalía registró 21 mujeres víctimas en procesos por lesiones personales, el INPEC respondió a un derecho de petición reportando 206 casos, “no hay un consolidado real que permita dimensionar la gravedad de lo que pasa”, indicó la abogada.
Una política criminal que ponga la dignidad en el centro
Ante este panorama, desde la Comisión de Seguimiento se insiste en la necesidad de una política criminal más justa y humana, que vaya más allá del castigo. Esto implica, entre otras cosas, la formación del personal penitenciario en derechos humanos, la garantía de salud mental y física, y la implementación de medidas alternativas a la prisión, “necesitamos que el sistema penitenciario sea una prioridad en la agenda del Estado. No lo ha sido, ni siquiera en gobiernos que han mostrado apertura. Si olvidamos a quienes están privados de la libertad, también fallamos en los procesos de resocialización cuando salen”, señaló Gutiérrez.
Adicionalmente, destacó además como avance la promulgación de la ley de utilidad pública, que busca ampliar el marco de acción para transformar el sistema carcelario. Pero advirtió que aún falta voluntad política para llevar a cabo cambios estructurales y sostenidos.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el mensaje de la Comisión es claro, las personas privadas de la libertad no pueden seguir siendo invisibilizadas ni tratadas como si no tuvieran derechos, “la recomendación es primero seguir visibilizando a esta población, sin estigmatizarla, obviamente, porque hay como en todo, en las prisiones vemos una paleta de colores de las personas que hay en el interior de las prisiones, entonces seguir visibilizándolas seguir luchando por los derechos de estas personas que si bien siguen siendo humanos en esta sociedad, entonces sí seguir poniéndolo en la agenda y seguir insistiendo en esa necesidad de visibilizar estas.”, concluyó Gutiérrez.
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