Producción: UNIMINUTO Radio y Datéate al minuto
Realización: Sonia Torres, Jorge Mario Pérez, Joaquín Gómez Meneses y Simón Cancino.
Cali, polo industrial, agrícola, económico y político del occidente del país, vive de forma intensa la convulsión de las protestas desde finales de abril: movilizaciones pacíficas y agresiones violentas entre distintos sectores. En una ciudad de más de dos millones de personas, cerca de un millón no tiene cómo satisfacer sus necesidades básicas. La Red Colombiana de Periodismo Universitario abrió la conversación para comprender qué ha hecho que en Cali se viva de esta forma el paro nacional.
Luego de un 2020 en medio de incertidumbres e impactos nunca antes vistos en todos los ámbitos de la vida, por causa de la pandemia por Covid-19, Colombia retomó los cauces de la movilización y el descontento que fueron demarcados por otra serie de protestas que se extendieron por todo el territorio nacional en noviembre de 2019.
Casi dos años después, las causas de inconformidad son aún más visibles. Una reforma tributaria, presentada por el Gobierno Nacional como mecanismo de financiación de programas sociales y recuperación de la economía, recibió el rechazo mayoritario de la ciudadanía y de diversos sectores políticos y sociales, que fijaron el 28 de abril como fecha del inicio de manifestaciones en contra de la propuesta.
Días antes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló un aumento de la pobreza en Colombia al 42,5% durante el año de la pandemia. Según los datos, en un país cuya población se estima en 48 millones de personas, hay 21,2 que no tienen cómo satisfacer sus necesidades básicas. Entre tanto, el proyecto de ley motivo de controversias contemplaba gravámenes a servicios públicos y a productos como protectores íntimos femeninos y al agua embotellada, cuando la cobertura del servicio de acueducto es mayor al 90% solo en 2 de cada 10 municipios del país, según cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos en 2019.
Al tiempo, exenciones tributarias y otros detalles de la iniciativa estaban lejos del escrutinio público, puestas en manos de un congreso del que, por los días del debate, una delegación de parlamentarios sesionaron en la ciudad de Miami para discutir sobre el recientemente promulgado estatuto migratorio, enfocado en la atención al éxodo venezolano en Colombia; bien lejos de donde deliberaba este grupo de dignatarios, sobre el que activistas colombianos residentes en la Florida, denunciaron que habían ido a vacunarse y en plan de turismo.
Estos hechos sacaron a la población del estupor ocasionado por el virus y sus múltiples efectos y la llevaron a retomar la indignación aplazada por la llegada de la pandemia, y por un diálogo nacional inconcluso; para cuyo liderazgo fue delegado un consejero presidencial que hoy es Ministro de Defensa, al que se le delegó la preservación del orden público durante las protestas, indicio de en qué terminó aquella Gran Conversación Nacional, como fue llamada en su momento.
Desde el 28 de abril y en medio del aumento más significativo de casos y fallecimientos causados por la Covid-19 desde la aparición de la enfermedad en Colombia en marzo de 2020, cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles a manifestar su descontento con los nuevos problemas y con aquellos sobre los que no se han tomado decisiones; heridas abiertas a las cuales las determinaciones del gobierno, encabezado por Iván Duque, les cayeron como sal.
Una decisión judicial en vísperas de la primera jornada de marchas, que dictaba medidas cautelares en su contra, invocando la obligación de los alcaldes de proteger el derecho a la salud en medio de la pandemia y suspender los permisos para las concentraciones, atizó los ánimos de convocantes y convocados. Por eso volvieron a las calles estudiantes, trabajadores, profesores, pensionados, personal de la salud, transportadores en todas las especialidades, agricultores y comunidades indígenas. Ahora se les sumaban sectores empresariales como el textil, que habían respaldado la aspiración presidencial de Duque y que ahora reprueban su proceder. Por encima de la preocupación por las aglomeraciones y de un aumento sin precedentes en las denuncias por el abuso de la fuerza policial durante el control de las protestas, tras dos jornadas de movilizaciones, fue anunciado el retiro del proyecto de reforma tributaria.
Siendo tantas las razones de la protesta, la decisión del presidente, que motivó la renuncia de Alberto Carrasquilla, ministro proponente del proyecto reformatorio, no hizo que cesaran los reclamos. Y desde entonces, las marchas se repiten en ciudades grandes y pequeñas, en las primeras con más notoriedad y, como se ha visto en informes de la prensa nacional y mundial, con más violencia.
Cali, polo industrial, agrícola, económico y político del occidente del país, ha vivido de forma intensa la convulsión de las protestas. Allí, la pobreza monetaria pasó del 21,9% al 36,6% en el último año. En una ciudad de 2,2 millones de habitantes, hay 934.000 que no tienen cómo satisfacer sus necesidades básicas. Esos contrastes se producen en un territorio donde confluyen antecedentes de liderazgo económico y político notables, así como de violencia, y cuya expresión más reciente y notoria han sido episodios de enfrentamientos a bala en el marco de las protestas, bloqueos en múltiples puntos de la ciudad y otras medidas de fuerza de sectores de la protesta que, por ejemplo, han afectado infraestructura del transporte público. En el momento más fuerte de las protestas, el Sistema MIO reportó daños en el 87% de sus estaciones; y, según cifras de la Cámara de Comercio, entre la pandemia y las movilizaciones, se dieron circunstancias que lograron parar al 41,3% de las empresas.
El espacio de la Red Colombiana de Periodismo Universitario, fue posible abrir la conversación para comprender qué ha hecho que en Cali se hubiera vivido de esta forma el paro nacional.
Participaron en este diálogo como invitados Cristian Lesmes, politólogo, magíster en Derecho de la universidad Nacional, profesor universitario e investigador; el profesor Kevin García, comunicador social y periodista, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, donde orienta la Revista Ciudad Vaga y es coordinador del nodo Occidente de la Red Colombiana de Periodismo Universitario; el profesor Julián González Mina de la Universidad del Valle, magíster en investigación y docencia y doctor en Psicología, conocedor de la realidad y de la historia de Cali y el Valle del Cauca, particularmente desde la Educación; y Carolina González, abogada del área de incidencia y litigio estratégico de la Organización No Gubernamental Temblores, dedicada al seguimiento de estos asuntos.
En la plataforma digital Grita han sido denunciados cientos de casos de violencia policial, que en lo ocurrido en Cali tiene matices que hay que abordar con toda seriedad.
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