Por: Juan David Quevedo
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Natagaima, Tolima, David Mauricio Andrade Ramírez, por un presunto incumplimiento de obligaciones ambientales que debía atender el municipio, frente a un antiguo botadero a cielo abierto, ubicado en la vereda San Miguel.
Según el órgano de control, durante su administración no se habrían adelantado las acciones necesarias para ejecutar el plan de abandono, cierre, clausura y posclausura del antiguo botadero, pese a las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental. Esa situación habría impedido el cumplimiento de las medidas previstas para reducir los riesgos derivados de la disposición de residuos.
El antiguo botadero a cielo abierto ubicado en la vereda San Miguel fue utilizado durante años para la disposición final de los residuos sólidos del municipio. Tras el cierre de sus operaciones, la administración municipal debía ejecutar un plan de abandono, clausura y posclausura con el fin de controlar los posibles impactos ambientales, hacer seguimiento a las condiciones del terreno y cumplir las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental.
Ese procedimiento busca reducir los riesgos que estos sitios pueden representar para el suelo, las fuentes hídricas y el entorno cuando dejan de operar.
La Procuraduría sostiene que el entonces alcalde era el responsable de garantizar la ejecución de esas medidas y de atender los requerimientos formulados por la autoridad ambiental. Por eso la comisión decidió formular pliego de cargos e iniciar el proceso disciplinario correspondiente.
Como parte del proceso, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. Esa calificación corresponde a la etapa actual de la actuación disciplinaria y podrá ser objeto de discusión durante el desarrollo del proceso.
El pliego de cargos no representa una sanción. Se trata de una fase en la que el investigado podrá ejercer su derecho de defensa, presentar pruebas y controvertir los argumentos expuestos por el Ministerio Público, antes de que se adopte una decisión definitiva.
Con esta actuación, el órgano de control continúa las investigaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia ambiental, especialmente aquellas dirigidas a garantizar la correcta gestión de los sitios destinados a la disposición de residuos y el cumplimiento de las medidas ordenadas por las autoridades competentes.
El proceso disciplinario seguirá las etapas previstas en la ley hasta determinar si existió responsabilidad por parte del exfuncionario frente a los hechos investigados.
