Por: Juan David Quevedo
La investigacion disciplinaria busca establecer si un convenio por más de $249 millones, destinado a las ferias y fiestas de Gámbita en 2023, fue celebrado sin cumplir los requisitos de planeación y los estudios técnicos exigidos por la contratación pública.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exalcaldesa de Gámbita, Santander, Aidubby Juliana Mateus Espitia, quien ocupó el cargo entre 2020 y 2023, y contra la exsecretaria de Gobierno, Diana Marcela Camacho Vanegas, por presuntas irregularidades en un convenio celebrado para la organización de las ferias y fiestas del municipio.
La actuación disciplinaria corresponde a un contrato por $249.745.210, firmado durante la vigencia 2023 con una cooperativa de trabajo asociado para ejecutar actividades artísticas, culturales y deportivas. El organismo de control investiga si el proceso contractual se adelantó sin cumplir los requisitos de planeación establecidos por la normativa vigente.
De acuerdo con la investigación, la exmandataria habría suscrito el convenio sin contar con estudios previos suficientes que justificaran la contratación. La entidad también analiza si el proceso careció de una adecuada planeación, aspecto considerado esencial para garantizar la transparencia y la correcta destinación de los recursos públicos.
En el mismo expediente se examina la actuación de la entonces Secretaria de Gobierno, quien presuntamente elaboró y suscribió los estudios previos del contrato. Según el Ministerio Público, esos documentos no habrían contado con soportes técnicos ni económicos que permitieran verificar el presupuesto inicialmente definido para la ejecución del convenio.
La indagación también busca establecer si durante el proceso contractual se omitieron el análisis del sector y el estudio de mercado, herramientas que permiten determinar las condiciones económicas y técnicas antes de celebrar un contrato con recursos públicos. La ausencia de estos documentos podría constituir un incumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal.
Con base en los elementos recopilados durante la etapa preliminar, el organismo de control calificó de manera provisional las conductas investigadas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa grave. Esta valoración hace parte del proceso disciplinario y no representa una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las funcionarias.
La formulación de cargos abre una nueva fase de la actuación administrativa, en la que las investigadas podrán ejercer su derecho de defensa, presentar pruebas y controvertir los hallazgos expuestos por la autoridad disciplinaria antes de que se adopte una decisión de fondo.
El caso se suma a las actuaciones que adelanta la Procuraduría para verificar el cumplimiento de los principios de legalidad, planeación y responsabilidad en la contratación pública, especialmente en aquellos procesos financiados con recursos destinados a actividades de interés para las comunidades.
