Desde el pasado 4 de noviembre, un decreto del gobierno nacional abolió el requisito de licencia de construcción en tres escenarios: mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva y construcción en sitio propio, siempre que el beneficiario acceda a un subsidio estatal. En lugar de la licencia, bastará con una “carta de responsabilidad” expedida por un profesional, que reemplaza el trámite habitual ante curadores urbanos u oficinas de planeación municipal.
El giro legal y sus fundamentos
El abogado Nicolás Otero Álvarez considera la decisión un “exabrupto jurídico”. Argumenta que la competencia sobre licencias y ordenamiento recae constitucionalmente en los municipios, no en el gobierno nacional. Según Otero, la medida se basa únicamente en el artículo 301 del Plan Nacional de Desarrollo, pero interpreta de forma errónea su alcance regulatorio. “La autorización para definir documentación y vigencia no es igual a suprimir las licencias”, subraya.
Impactos técnicos: de los curadores a los recién graduados
Para Otero, el cambio supone una desinstitucionalización grave. Las licencias de construcción garantizan el cumplimiento de normas urbanas y protegen derechos colectivos como el uso del espacio público. Ahora, cualquier arquitecto o ingeniero, incluso recién egresado y sin conocimiento de los planes de ordenamiento, podrá autorizar obras mediante la nueva carta de responsabilidad, ignorando la experiencia y especialización exigidas a los curadores urbanos oficiales.
¿A quién aplica realmente la medida?
El decreto se dirige exclusivamente a personas naturales beneficiarias de subsidios de vivienda, dejando fuera a grandes constructoras, que sí deberán seguir solicitando licencias. La norma incluye una instrucción adicional: el Ministerio de Vivienda tiene seis meses para expedir una reglamentación que detalle la nueva estrategia de fortalecimiento institucional, lo cual deja abiertas muchas incertidumbres para los entes territoriales y las cajas de compensación.
Puntos de vista encontrados
Aunque el gobierno argumenta que la medida facilitará el acceso y la construcción para familias vulnerables, Otero advierte que podría traer caos urbanístico, inseguridad jurídica y un debilitamiento drástico de las competencias y controles municipales. “Es abrir una caja de Pandora cuyas consecuencias aún no se dimensionan”, enfatiza el abogado.
Por su parte, el Colegio Nacional de Curadores Urbanos citados por el periódico Portafolio, dijo que la “carta de responsabilidad” no elimina los controles técnicos, sino que los traslada a profesionales responsables del diseño y ejecución de las obras, quienes deberán certificar el cumplimiento normativo y asumir las consecuencias legales de cualquier incumplimiento. “La función de los curadores urbanos se mantiene intacta”, señaló el Colegio.
