El presidente Gustavo Petro, en ejercicio de sus facultades constitucionales, expidió formalmente el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026 para ordenar la supresión y liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Esta determinación administrativa extingue la vida jurídica de una de las carteras más jóvenes del Ejecutivo. El mandato presidencial activa de inmediato un complejo movimiento institucional para realizar el cierre ordenado de sus funciones en todo el territorio nacional.
Esta fuerte medida se fundamenta jurídicamente en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, el cual otorga al Jefe de Estado la potestad de suprimir o fusionar organismos administrativos nacionales. El texto aclara que el acto conlleva la subrogación inmediata de obligaciones y derechos, asegurando que los objetivos esenciales sean transferidos a otras entidades del orden nacional. Con este blindaje normativo, la rama Ejecutiva pretende evitar un traumatismo institucional en los programas sociales vigentes que manejaba dicha cartera.
Dentro de las medidas urgentes dictadas en la nueva normativa, se establece la prohibición tajante de vincular nuevos servidores públicos a la planta de personal del ministerio en mención. Además, se decretó el levantamiento de embargos previos para integrar la masa de la liquidación, junto a la obligación de levantar inventarios detallados de los activos y pasivos existentes. Los representantes legales de la cartera tendrán restricciones expresas para celebrar pactos colectivos o contratos que no apunten exclusivamente a la disolución.
El pasado lunes 22 de junio, los trabajadores de dicha cartera manifestaron su preocupación por la repentina decisión y exigieron al Gobierno respuestas claras sobre el cierre, debido a que no fueron notificados previamente. Por el momento, se mantiene la incertidumbre tanto sobre los próximos procesos que se adoptarán frente a la liquidación del ministerio, como sobre la situación laboral de sus empleados.
Finalmente, el decreto estipula que el periodo fijado para culminar con todo el trámite de desmonte técnico no podrá superar los dos años a partir de su publicación oficial. No obstante, el Ejecutivo se reservó la facultad de prorrogar dicho lapso mediante un acto administrativo debidamente motivado por el Gobierno Nacional si la complejidad del proceso lo amerita. De esta manera, arranca formalmente la cuenta regresiva para la desaparición de esta estructura dentro del organigrama estatal colombiana.
