El escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo dio un giro clave tras la orden de detención contra Wadith Manzur y Karen Manrique. Ambos investigados intentaron asumir sus cargos pero la detención en prisión les impidió asistir a la ceremonia formal del Congreso. La ley colombiana exige acudir en persona al Capitolio Nacional para jurar el cargo en los primeros ocho días de legislatura. La Ley 5 de 1992 no permite la posesión virtual ni autoriza viajes de directivos a la cárcel, dejando a los procesados sin opción de asumir.
Frente a esto, sectores políticos reaccionaron para frenar cualquier intento de ejercer desde prisión. La representante Jennifer Pedraza anunció acciones legales manifestando textualmente “Hoy presentamos demanda por pérdida de investidura contra Wadith Manzur, quien pretendía posesionarse desde la cárcel y afortunadamente no fue autorizado”.
Pedraza explicó que la medida busca marcar un límite claro frente a los escándalos de corrupción. En sus redes afirmó textualmente “La perdida de investidura no sólo impediría que llegue al Congreso sino a cualquier cargo de elección popular y sentaría un precedente para que personas detenidas por procesos de corrupción no puedan legislar desde la cárcel”. La congresista remató pidiendo “Que Wadith Manzur se defienda sin poder político”.
El caso apunta a la muerte política de los implicados y al bloqueo de sus reemplazos en la corporación. Al no posesionarse a tiempo perderán la curul definitivamente, y por el tipo de delito sus partidos no podrán reemplazar las plazas bajo la regla de la silla vacía.
