Por José Sánchez
El movimiento Ríos Vivos de Colombia se ha encargado de la veeduría y diálogo con el Estado entorno a la situación del río cauca y el megaproyecto Hidroituango, ellos afirman que desde la expedición de las licencias ambientales se sentenció a los corregimientos de Puerto Valdivia, Ituango y comunidades aguas abajo del rio cauca, a ser víctimas directas de EPM (Empresas Públicas de Medellín).
De acuerdo con los impactos sociales y ambientales que ha causado el megaproyecto, Ríos Vivos interpuso una acción de nulidad para revocar las licencias ambientales de Hidroituango y así desmantelar controladamente la represa, sin embargo, como lo menciona Luis Carlos Montenegro, abogado del colectivo José Alvear Restrepo, estos documentos son archivados junto a las licencias en el expediente LAM 2233, en el archivo de la ANLA (Autoridad Nacional de licencias Ambientales).
“En Colombia existe una legislación muy fuerte en materia ambiental, sin embargo, muchos de los principios ambientales que se deben proteger, no se respetan y no se cumplen a cabalidad. EPM no tuvo precaución o la prevención ambiental en el principio de equilibrio ecológico” menciona Montenegro, además, en representación jurídica de Ríos Vivos solicita respeto al acceso de la información de manera transparente y participación efectiva al alcance de la ciudadanía, ya que no se puede acceder a mayor medida a los estudios de la licencia ambiental en el expediente LAM 2233.
La procuraduría ha abierto 12 procesos sancionatorios sobre el plan de manejo ambiental que, en colaboración con el Instituto Van Humboldt, el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental y la directora del IDEAM, desarrolla una investigación para así llevar los procesos respectivos, que para Montenegro y Ríos Vivos aún no han sido efectivos y no son posibles estudiar porque son de carácter reservado, estando en contra de la ley 1712 de 2014, que establece el derecho al acceso de la información.
Ríos vivos de Colombia no ha sido el único en solicitar el acceso libre a la información, ya que desde la coalición de los Decentes se ha exigido que los documentos confidenciales no sean más secreto de Estado y así permitir la veeduría ciudadana.