Por: Ian Nicolás Vasquez López
En la historia del sistema judicial colombiano han existido millones de casos acumulados y así mismo sin resolver, también deben existir muchas causas por las cuales no se formalizan estos casos que van desde los más ordinarios hasta los más complejos que requieren una mayor atención y que por la relevancia han sido noticia.
En Colombia han ocurrido casos que han llegado a ser un total misterio para la justicia, como, por ejemplo, el caso Colmenares que el pasado 30 de octubre se cumplió 15 años y, tras un largo proceso, el mismo caso sigue abierto sin que se haya llegado a una condena definitiva en contra de las acusadas en primera instancia.
La ley 2477 del año 2025 tiene como objetivo reducir la congestión judicial, garantizar un trabajo y a su vez una administración eficaz, promoviendo la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales, esto a través de mecanismos de solución temprana que valoren y respeten los derechos de las víctimas y el acceso claramente a una justicia de calidad.
Según una monografía “La congestión judicial como una de las principales causas para que los ciudadanos decidan tomar la justicia por mano propia” de la Universidad Libre, el problema de la demora en el sistema judicial colombiano es simplemente estructural y que, gracias a estas demoras, la ciudadana tiene que emplear la mano propia ante la ineficiencia del Estado. Ellos lo llaman “congestión judicial” ya que, según el nombre, se debe a la acumulación progresiva de procesos en los despachos judiciales, hasta que llega el punto en que esos mismos procesos superen la cantidad establecida, lo cual representa una demora para quienes buscan una rápida respuesta ante las solicitudes de la ciudadanía. Según este estudio, el problema más habitual ante la problemática que afecta al sistema judicial del país y a la propia ciudadanía con el simple hecho que no le dan resultados, es el desequilibrio ante la alta demanda de procesos y más en un país que está inmerso en hechos de violencia.
Con esto último, los hechos de violencia en Colombia en los últimos 25 años han sido significativos según el mismo estudio, así mismo, los procesos judiciales han ido en aumento ya que entre 1998 y 2005 las demandas crecieron en un 98.2%, pasando de 898.162 a 1.783.678 casos, a diferencia de la cantidad de jueces y magistrados que era sumamente baja creciendo en ese mismo lapso en un 5.2%. A mediados del 2008 existían más de 3 millones de procesos en curso, de los cuales el 52%, que correspondía a más de un millón y medio no habían tenido actividad en los últimos 6 meses. Con lo anterior, el panorama en el sistema judicial de Colombia no era el mejor, ya que tan solo en un proceso civil normal se daba solución en menos de un año, ahora un juez se demora más de 2000 días, lo que equivale a 4 años y medio para darle respuesta.
Una causa que puede ser comprensible y más por la falta de preparación o de oportunidades, es la carencia de jueces con la experiencia que el mismo caso lo amerita lo que hoy en día sigue presente, se habla de que los jueces también son personas con familias y una vida privada, en donde no pueden estar las 24 horas del día trabajando y sacando uno o varios procesos adelante. En el transcurso de cada año llegan miles de procesos y hoy en día la situación no ha mejorado ante la falta no solo de jueces sino también de funcionarios que atiendan los casos que se han presentado.
En base al tema se habló con Camila Andrea Vásquez, abogada civil, y su postura sobre si la reforma a la justicia que se aprobó y se sanciono recientemente, pueda solucionar el problema de fondo, ella respondió que la reforma a la justicia penal constituye un avance importante para enfrentar la congestión judicial y la impunidad, las medidas que ella incluye son la reducción de tiempos procesales, el fortalecimiento del principio de oportunidad y una mayor garantía de reparación integral a las víctimas, con esto, los procesos, según ella, pueden ser más ágiles y efectivos a comparación de lo que son ahora.
Aunque la reforma aborda problemas estructurales relevantes, no representa una solución definitiva, según la abogada, ya que el éxito de este dependerá de una implementación rigurosa, de recursos suficientes y de un compromiso institucional sostenido. Otro punto en la intervención de Camila Vásquez es en el que menciona que la reforma a la justicia debe complementarse con mejoras en infraestructura, digitalización y acceso a la justicia, especialmente en zonas rurales. Ella aclara que es un paso positivo pero que aún es insuficiente para lograr la transformación profunda que requiere el sistema judicial colombiano.
Ante la reducción de tiempos procesales, según lo dialogado con Camila Vásquez, debe ser el tiempo que cada juez le toma en completar un proceso, aclarando que tiene varios funcionarios a su disposición para ello, pero no es suficiente ante la alta demanda lo que indica también una clara escasez de personal, esto a su vez, produce carga laboral lo que genera un agotamiento y, finalmente, la renuncia de funcionarios. Este ha sido un problema muy recurrente, aunque se es bien sabido que los jueces ganan un sueldo considerablemente alto lo que generaría dudas al renunciar al cargo por la alta demanda de casos.
Sebastián López, abogado penal, comenta que, aunque dicha reforma a la justicia plantea avances, es poco probable que se resuelva de fondo los problemas del sistema, ya que la dificultad no radica únicamente en los tiempos procesales, sino también en la falta de capacitación de los funcionarios judiciales. Esto último se evidencia en la disparidad con la que diferentes juzgados aplican los procedimientos, por eso, según Sebastián, la unificación de criterios y la formación integral del personal judicial son aspectos esenciales para lograr una verdadera mejora.
De acuerdo con lo que dijo Sebastián, una de las causas por las cuales los procedimientos judiciales son demorados en muchos casos, es por la falta de preparación de los jueces o también de los funcionarios judiciales. Otra de las causas que puede no ser tan reiterado en este problema, pero puede presentarse en algunos casos, es la forma como se reciben y se manejan los procesos, esto puede influir de alguna manera y va de la mano con la preparación de los funcionarios judiciales.
Por su parte, Andrea Ardila, también abogada y miembro del consultorio jurídico de la Universidad del Externado, dice que el verdadero problema de fondo no es solo la demora procesal, sino la búsqueda efectiva de justicia. Según ella, un proceso más rápido no garantiza por sí mismo la verdad, justicia y reparación para las víctimas. Andrea además dice que la ley 2477 de 2025 busca equilibrar varias necesidades; la primera se trata en agilizar los tiempos y permitir mecanismos como la reparación integral, lo que concilia los derechos de las victimas con las garantías de las personas procesadas, quienes no deberían permanecer sin una definición de su situación jurídica
Asimismo, señala que, aunque la reforma pretende evitar la prescripción de los procesos, esta introduce reglas que pueden reiniciar el conteo del término, otorgando más tiempo para resolver casos, a la vez limita los plazos de la Fiscalía para presentar el escrito de acusación bajo pena de levantar medidas privativas de la libertad. En conclusión, la efectividad de la reforma para solucionar los problemas de fondo dependerá en gran medida de como la Fiscalía y los operadores judiciales apliquen estas disposiciones en cada caso concreto.
Los 3 abogados coinciden en que la reforma a la justicia representa un avance, pero no es una solución definitiva a los problemas estructurales del sistema judicial colombiano. Andrea, por una parte, enfatiza que la verdadera preocupación no es solo la demora procesal, sino la necesidad de garantizar justicia real para las víctimas. Sebastián concuerda con la visión de Andrea, afirmando que el problema no se limita a los plazos, sino también a la falta de preparación de los funcionarios judiciales y a la disparidad en la aplicación de los procedimientos, con esto es necesario una unificación de criterios y una formación más completa para aquellos funcionarios. Por último, Camila reconoce que la reforma introduce herramientas importantes para reducir la dicha congestión en los procesos, pero ella aclara que la funcionalidad de esta reforma dependerá que como se implemente al final.
Un claro ejemplo de la situación en la rama judicial es el caso de Hernando Ruiz, quien tuvo que llevar un delicado proceso, además de la demora que soportó para que le dieran respuesta. El señor comentaba que el proceso judicial en el que se encontraba correspondía a una impugnación de paternidad, ya que el señor Ruiz estuvo afectado por un engaño de parte de la madre de la menor, aunque el señor comenta que la niña inicialmente fue registrada con su apellido. El señor esperaba una respuesta rápida y favorable, pero el trámite duró más del tiempo previsto y la decisión final tardó, según él, un año y medio en ser emitida. El final del caso resultó en el retiro del apellido “Ruiz” en la niña.
Es importante aclarar que no todos los casos se demoran lo mismo, esto depende de los procesos entre distintas jurisdicciones, como lo son la penal, civil, laboral y administrativa. Sebastián López dice que existen diferencias claras en cuanto a rapidez en cada jurisdicción en Colombia. Él destaca que la administrativa es la más ágil y eficiente en trámites como en notificaciones y radicaciones; en lo laboral, Sebastián dice que la eficiencia varía entre los juzgados y se espera que el nuevo código mejore la situación. En cuanto a lo civil, existen muchos procesos, especialmente ejecutivos, lo que genera demoras significativas; aunque en algunos casos pueden tramitarse por arbitramiento, sin embargo, dirigirse por esa vía contrae un alto costo, lo que limita esa opción para muchas personas. En base a lo anterior, Sebastián propone crear una jurisdicción especial para procesos ejecutivos, lo cual ayudaría a descongestionar y agilizar la justicia en cualquiera de sus ámbitos.
Andrea Ardila considera que, a excepción de casos donde la justicia puede tardar 10 años, la jurisdicción penal suele ser más rápida que la civil y la administrativa. Ella explica que los procesos en estas últimas pueden extenderse durante muchos años; ella pone sobre la mesa un ejemplo y que una acción de nulidad y restablecimiento que llegue al Consejo de Estado puede tardar entre 10 a 15 años, y en civil los tiempos también suelen ser largos, eso sí, dependiendo del tipo de caso y las instancias involucradas, claramente. Por ello señala que existen diferencias claras en los tiempos de duración entre las distintas jurisdicciones.
Camila Vásquez, por su parte, indica que sí existen diferencias según la jurisdicción, debido a factores como la carga procesal, la disponibilidad de jueces, la normatividad y, en algunos casos, la ubicación geográfica. Ella habla de que la justicia en Colombia no es uniforme y que, por ejemplo, en la jurisdicción civil, la alta congestión hace que los procesos puedan tardar entre 3 a 5 años, dependiendo de la complejidad del caso.
Es obvio que la lentitud del sistema genera desconfianza en las instituciones judiciales, sin embargo, desde la experiencia de Ardila en el consultorio jurídico, sobre todo en procesos adelantados ante la Procuraduría General de la Nación, es evidente que la demora afecta la búsqueda en materia de la verdad. Andrea comenta que cuando las decisiones tardan años, resulta difícil obtener pruebas fiables, pues los testigos no recuerdan con precisión hechos que ocurrieron hace cinco o diez años. Así, la justicia no solo llega tarde, sino que además se aleja de la realidad de lo ocurrido hace tanto tiempo. En consecuencia, la demora no solo afecta la credibilidad del mismo sistema judicial, sino también la posibilidad de lograr decisiones justas en los casos.
Camila, mientras tanto, dice que la lentitud del sistema judicial colombiano sí genera desconfianza en las instituciones, ya que cuando los procesos se prolongan por años, los ciudadanos perciben ineficiencia, impunidad y falta de respuesta por parte del Estado. Esta demora, según Camila, afecta tanto a las víctimas que esperan justicia y reparación, como a los acusados, que enfrentan largos periodos de incertidumbre. Factores como la congestión judicial, la falta de jueces, la escasa digitalización y los procedimientos excesivamente formales han convertido el acceso a la justicia en un proceso lento y, para muchos, ineficaz. Como consecuencia, algunas personas recurren a mecanismos informales para resolver los conflictos que los perjudican, debilitando el estado de derecho. Además, la ausencia repetida de decisiones en casos emblemáticos y la prescripción de delitos genera una sensación de abandono institucional, lo que alimenta la desconfianza, la desatención e incluso, por no decirlo menos, la desobediencia civil.
Por último, Sebastián confirma que el sistema judicial sí genera desconfianza en las instituciones, ya que no es normal que resolver un recurso o un trámite simple tome meses o incluso años. Un ejemplo que da es el de un proceso en Cali en el que la reposición lleva más de un año sin respuesta, a pesar de haber sido impulsada varias veces. Esta dicha demora obliga a los abogados a acudir a otras instancias como tutelas o revisiones administrativas, lo que a su vez aumenta la congestión del sistema judicial. Esto último crea un ciclo de ineficiencia, lo que se considera una implementación de herramientas como la inteligencia artificial, lo que podría ayudar a agilizar trámites simples y formular respuestas normalizadas, lo que mejoraría considerablemente los tiempos procesales.
