Por estos días se realizó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su versión número 50. De esta forma, todos los cancilleres del continente fueron citados a este encuentro que se presenta como “la máxima instancia política de la OEA y sus decisiones servirán de guía para las actividades y prioridades del organismo regional durante el próximo año”.
Así, en este espacio se tocan temas coyunturales, como la situación de Nicaragua y Venezuela, los desafíos para la seguridad alimentaria y nutricional en América frente a la pandemia, la respuesta al cambio climático, el proyecto de resolución “Promoción y protección de derechos humanos”, entre otros.
Justo con el mencionado proyecto, en el 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, una entidad que hace parte de la OEA) dio la bienvenida a la creación del Grupo de Apoyo para los Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI), conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Chile, México y Uruguay.
De esta forma, dichos Estados se comprometieron a “apoyar la implementación de los mandatos contenidos en las resoluciones sobre derechos humanos, orientación sexual, identidad y expresión de género, así como los esfuerzos regionales y de la OEA dirigidos a asegurar que todas las personas ejerzan su derecho a una vida libre de violencia y discriminación, reconociendo la necesidad de abordar las múltiples formas de discriminación que enfrentan por diferentes factores, entre otros”.
Ahora, el Estado colombiano propuso una posibles modificaciones a la resolución de derechos humanos. Entre estas, solicitó incluir “el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones”, lo que recuerda a la polémica sobre las cartillas de “ideología de género” e intenta imponer la religión por encima de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI.
Así mismo, manifestó interés por cambiar el término “enfoque interseccional” por el de “discriminación basada en género” en los párrafos que otorgan directrices sobre cómo debe trabajar la Comisión Interamericana de Mujeres y cómo se deben promover los derechos de las mujeres y las niñas. Dicho cambio en el lenguaje niega la diversidad en las mujeres y excluye a la mujeres lesbianas, trans, bisexuales, con discapacidades y más. Siendo que lo interseccional reconoce que las mujeres enfrentan diversas discriminaciones y no sólo por su género.
Ante la ola de críticas que estas y otras propuestas generaron, el Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido tradicionalmente como Cancillería, presentó un comunicado de prensa indicando que “la actuación de Colombia en las negociaciones de resoluciones jamás ha estado dirigida a promover la discriminación o atentar en contra de intereses de niños o mujeres en la región”, entre otras declaraciones que no nombran a la comunidad LGTBI.
Finalmente, queda esperar a ver qué se decidirá en la Asamblea de la OEA respecto al texto que se apruebe en la resolución de derechos humanos para saber si las modificaciones propuestas por Colombia serán descartadas o incluidas.