Por: Juan David Quevedo
Las entidades públicas del orden nacional deberán presentar un balance detallado sobre el manejo de recursos, contratos, procesos administrativos y demás asuntos pendientes como parte del proceso de empalme con la administración que asumirá el poder. La medida busca fortalecer la transparencia y garantizar la continuidad de la gestión pública.
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República emitieron una directiva conjunta en la que recuerdan a las entidades del Gobierno Nacional la obligación de preparar y entregar un informe completo sobre su gestión, con el propósito de facilitar el proceso de empalme entre administraciones y asegurar que la información institucional quede debidamente documentada.
De acuerdo con el documento, el reporte deberá contener información relacionada con la ejecución de los recursos públicos, el estado de los proyectos, la situación financiera, presupuestal y administrativa, así como los procesos contractuales vigentes y aquellos que se encuentren próximos a finalizar o presenten algún tipo de controversia.
El ente disciplinario explicó que esta información permitirá a la administración entrante conocer con precisión el estado de cada entidad y dar continuidad a las funciones del Estado sin afectar la prestación de los servidores públicos. Asimismo, recordó que la elaboración de estos informes constituye una obligación establecida en la normativa vigente para los procesos de transición gubernamental.
Por su parte, el organismo de control fiscal señaló que las entidades deberán verificar que la información contractual se encuentre actualizada en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), además de identificar los contratos en ejecución, aquellos con posibles incumplimientos y los compromisos financieros pendientes.
La directiva también establece que los informes de gestión deberán ponerse a disposición de la ciudadanía, salvo la información que cuente con reserva legal, como una medida para fortalecer la transparencia y facilitar el control social sobre la administración de los recursos públicos.
Las entidades de control advirtieron que el incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en actuaciones disciplinarias o fiscales correspondientes, dependiendo de las responsabilidades que lleguen a establecerse durante la verificación del proceso de empalme.
Con esta directriz, ambas instituciones buscan que la transición entre gobiernos se desarrolle de manera ordenada, con información completa y verificable, reduciendo riesgos para la administración pública y garantizando que la nueva gestión cuente con los elementos necesarios para continuar la ejecución de los programas, proyectos y compromisos asumidos por el Estado.
