Por: Sara Milena Villa Parra. 4.º semestre
En cuestión de segundos, una mañana soleada y con pintas de euforia, se convirtió en una montaña rusa de emociones encontradas. El ambiente de las calles se tornó tenso, mientras el sol resplandecía como falso augurio de un maravilloso día. El miedo inminente que se vivió logró inmovilizar a la ciudadanía. 6.1 fue la magnitud del sismo que sacudió la Capital ese 17 de agosto de 2023, según lo reportó el Servicio Geológico Colombiano.
Al fondo del salón, en el sexto piso de un centro de salud, en la localidad de Suba, se encontraba Felipe Zamudio, en silencio absoluto, con la mirada perdida y las manos aferradas a su silla de ruedas. Todos gritaban, pero Felipe era presa de su impotencia ante su incapacidad para reaccionar. A su alrededor el mundo era una infinita playa de arenas movedizas: cuadros: televisores y lámparas se bamboleaban de lado a lado como si de súbito hubieran cobrado vida. Las ventanas vibraban, las alarmas gritaban su desesperado canto de auxilio, y los padres buscaban a sus hijos en medio de la maraña en la que se había convertido la multitud que intentaba desalojar por las escaleras, la única salida de emergencia a la vista.
Pasado el mediodía la multitud había desalojado el edificio, en tanto que los brigadistas recorrían las instalaciones y atendían a los afectados por la emergencia. “Tuve que bajar alzada a una señora que tenía muletas”, cuenta Laura Martínez, brigadista. Néstor Uriel, trabajador del centro médico, recuerda que fue atendido por enfermería tras presentar vértigo, taquicardia y fatiga, a causa del esfuerzo porque había subido y bajado en repetidas ocasiones a los pisos cinco y seis del edificio, para cargar en su espalda a tres mayores de edad, y por último a Felipe.
Según un documento publicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, titulado Orientaciones para ejercicios de evacuación focalizada en centros de atención a personas con discapacidad y cuidadores, señala que: “Los factores que interfieren en el tiempo de las fases de una evacuación son las limitaciones de movilidad, de tipo sensorial y de tipo cognitivo”. Esta sería la razón de peso para que todas las entidades que prestan servicios de atención presencial cuenten con una evaluación preventiva de los escenarios y la capacitación de los cuidadores o brigadistas que atenderán a esta población específica ante un caso de emergencia.
Causa y efecto
“En mi mundo ideal, crearía ascensores que se puedan utilizar manualmente en casos de emergencia, porque nos desarraigamos de la discriminación y tenemos en cuenta que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a la vida y a ser auxiliados en los tiempos oportunos, como aquellos que no viven en condición de discapacidad”, afirma Andrés Merchán, profesional en seguridad y salud en el trabajo, quien resalta la necesidad de crear un protocolo para estos casos como señala el Código de Seguridad Humana (NFPA 101); que se enfoque en estructuras que permitan el desplazamiento seguro, oportuno y sin riesgo de vulnerar la intimidad o derechos de las personas con discapacidad.
“Muchos auxiliares no tenemos la capacidad de prestar primeros auxilios psicológicos especiales para los programas de personas con discapacidad, pues no estamos preparados emocionalmente para enfrentar nuestras emociones en medio de una emergencia, y al tiempo actuar teniendo en cuenta sus necesidades específicas y capacidad de desplazamiento y de orientación, sumado a la impotencia de no poder salir rápido de la zona de riesgo”, asegura Felipe Amaya, colaborador del centro médico. Las afectaciones psicológicas para las personas en condiciones de movilidad reducida, aunque no son medidas en una estadística de análisis pos-emergencia, merecen ser contempladas en las capacitaciones para brigadistas y cuidadores, quienes son los que enfrentan las reacciones de temor, enojo y frustración por parte de la persona afectada.
La normatividad
Jenny Torres, socorrista y administradora de entidades privadas de salud, narra desde su experiencia como persona con discapacidad auditiva, la impotencia que ha sentido en desarrollo de evacuaciones. Asegura que, aunque puede movilizarse, muchas veces no logra entender las señales de emergencia y las rutas de evacuación. Por tanto, depende de recibir ayuda voluntaria: “El objetivo de la NSR10 es proteger la vida tanto de los que habitan una propiedad, como de aquellos que la visitan, pero que no cuenta con lineamientos específicos que son responsabilidad de las constructoras, que en sus proyectos deben adoptar estrategias de salida de emergencia como rampas o pisos podotáctiles, que faciliten una evacuación segura de las personas con cualquier tipo de discapacidad”.
La normativa para los estándares de accesibilidad, consagrados en la ley 361 de 1997, señala en el artículo 47 que todos los edificios abiertos al público deben contar con las condiciones mínimas de acceso para las personas con limitaciones, lo que contrasta con la realidad de las personas con discapacidad durante las evacuaciones ante desastres naturales, como en el caso de Felipe a quien el pasado agosto de 2023 pudo haberle costado la vida porque el edificio no cumplía la norma, o como tal vez les ha sucedido a tantas otras personas con discapacidad en situaciones similares.