“La remoción del señor Mancuso está programada para el 4 de septiembre de 2020 o antes”, dice el correo, revelado por la Unidad Investigativa del diario El Tiempo y firmado por un funcionario de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de EEUU cuya identidad no precisó ese medio.
El correo fue escrito el pasado 20 de agosto y dirigido a la defensa de Mancuso, liderada en Washington por el abogado Joaquín Pérez, quien pide que se libere de inmediato al exjefe de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que se levante la orden de restricción temporal de retención.
En un memorando dirigido al juez que lleva el caso, Pérez sostiene que “la notificación del ICE (…) no especifica a qué país será trasladado”, reveló también El Tiempo.
Mancuso, de 56 años y quien estuvo activo en las AUC de 1995 a 2005, fue extraditado a EEUU en 2008.
La defensa del exparamilitar interpuso en Washington una acción en la que exige que sea deportado de inmediato a Italia, ya que recuperó la libertad desde hace más de 150 días y, según las normas, sólo puede permanecer 90 días en una cárcel de paso.
Mancuso cumplió en EEUU una condena de quince años y diez meses de prisión por narcotráfico, por lo que Colombia lo pidió en extradición meses atrás.
Sin embargo, esa solicitud fue radicada con errores, lo que dejó abierta la posibilidad de que sea deportado a Italia, lo que cerraría la extradición a Colombia, ya que ese país no extradita a sus connacionales, con lo cual cientos de sus víctimas quedarían sin ser reparadas.
Ante esa situación, el pasado jueves la Cancillería de Colombia presentó ante el Departamento de Estado de EEUU una solicitud de detención y posterior extradición de Mancuso, pero el trámite de esa petición puede demorar semanas, por lo que dicho Departamento trabaja en conjunto con Bogotá para lograr la extradición del exparamilitar.
La solicitud busca que cuando Mancuso llegue a Colombia sea detenido de inmediato debido a que tiene vigentes dos medidas de aseguramiento (prisión), una por su responsabilidad en 588 homicidios en persona protegida, 922 desplazamientos forzados y 44 desapariciones forzadas, y una más por 14 homicidio en persona protegida, 52 desplazamientos forzados y 19 desapariciones forzadas.