Por: Juan David Quevedo
Una evaluación realizada por la Universidad del Magdalena y el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la Unesco concluyó que la política educativa impulsada por el Ministerio de Educación, durante el actual Gobierno, ha permitido ampliar la atención a niños, niñas, adolescentes y docentes en diferentes regiones del país. El informe reconoce avances en cobertura, fortalecimiento pedagógico y acceso a oportunidades de formación, aunque también señala retos para garantizar la continuidad de estas estrategias.
Entre los principales resultados, el Ministerio informó que 2.066.422 niños y niñas reciben atención integral para fortalecer su derecho a aprender. A esto se suma que 1,3 millones de estudiantes participan en procesos de formación integral a través del Programa Todos a Aprender con Formación Integral (PTAFI), una estrategia que busca fortalecer las prácticas pedagógicas y mejorar los aprendizajes dentro de las instituciones educativas.
La evaluación también señala que el programa llegó a 5.519 establecimientos educativos, distribuidos en 978 municipios y las 96 entidades territoriales certificadas del país. Según el Ministerio, esta cobertura representa un crecimiento frente al inicio del actual Gobierno, cuando el entonces Programa Todos a Aprender atendía cerca de 3.000 establecimientos educativos y contaba con alrededor de 4.500 docentes tutores. En la actualidad, la estrategia supera los 6.000 docentes tutores, ampliando su alcance en las instituciones participantes.
El balance presentado por la cartera de Educación también incluye la creación de 12.722 nuevos cargos docentes, el ascenso o reubicación salarial de más de 106.000 maestros y la entrega de 6.792 becas para programas de formación avanzada dirigidos a docentes. De acuerdo con la evaluación, estas acciones han contribuido a fortalecer las capacidades del sistema educativo y el acompañamiento a las comunidades escolares.
Pese a los resultados, el informe advierte que aún existen desafíos relacionados con la consolidación de la política educativa, la reducción de brechas entre territorios y la sostenibilidad de las estrategias implementadas. En ese sentido, la evaluación plantea que mantener los programas de formación, ampliar su cobertura y garantizar recursos para su continuidad serán aspectos determinantes para que los avances alcanzados puedan mantenerse en los próximos años.
