“Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder”, dijo Bachelet citada en un comunicado.
La jefa de la ONU para los Derechos Humanos enfatizó que “esos poderes deben usarse para afrontar eficazmente la pandemia; nada más, nada menos”.
En virtud del derecho internacional, según la nota, los Estados pueden limitar algunos derechos para proteger la salud pública y “esa prerrogativa se amplía si se declara el estado de emergencia”.
“En cualquier caso, es preciso que las restricciones sean necesarias, proporcionales y no discriminatorias. Asimismo, esas medidas han de ser de duración limitada y deben ir acompañadas de salvaguardas que impidan su empleo abusivo”, agrega.
Bachelet indicó que “numerosas denuncias, procedentes de diversas regiones, indican que la policía y otros cuerpos de seguridad han estado ejerciendo un uso excesivo de la fuerza, a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las nomas de confinamiento y los toques de queda. A menudo, esas violaciones de derechos humanos se han cometido contra miembros de los segmentos más pobres y vulnerables de la población”.
La alta comisionada afirmó que a pesar de que hay numerosos Estados que adoptan “medidas justificadas, razonables y provisionales”, también hay casos muy inquietantes, cuando los gobiernos usan el coronavirus “como pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertades fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el Estado de Derecho”.
“El principio supremo debe ser que las medidas (de emergencia) se apliquen con sentido humanitario. Las penas impuestas por su trasgresión han de ser proporcionales y no deben aplicarse de manera arbitraria o discriminatoria”, puntualizó. (Sputnik)