Por: Daniel Felipe Otálvaro
La creciente violencia y criminalidad en el Valle del Cauca se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la seguridad y el bienestar de sus habitantes. Las intimidaciones mediante panfletos en Florida y Pradera y los paquines hallados en la zona rural de Palmira y los enfrentamientos en áreas rurales de Tuluá, que han requerido la intervención del Ejército, evidencian la magnitud del problema. A estos hechos se suma la ruptura de la tregua entre las dos bandas criminales más influyentes de Buenaventura, los Shottas y los Espartanos, así como el reciente atentado terrorista en Riofrío.
El alarmante incremento de homicidios en Cali también exige atención inmediata. Según estadísticas de la Policía Nacional, en los primeros 31 días del año pasado se registraron 79 homicidios, mientras que en enero de 2025 la cifra ascendió a 89 muertes violentas, lo que representa un aumento del 12%.
Como bien ha expresado la gobernadora Dilian Francisca Toro, el Valle del Cauca no puede convertirse en un nuevo Catatumbo. Para evitar que esta región sucumba a la violencia que ha azotado otras partes del país, es esencial que el Gobierno Nacional enfoque su atención en las problemáticas de seguridad del departamento. Se requiere que el Estado llegue con fuerza a las zonas más remotas, donde operan las bandas criminales, para garantizar que sus habitantes puedan salir de sus hogares sin el temor constante a ser víctimas de la delincuencia. No es posible que los comerciantes deban vivir bajo intimidación y extorsión diaria, como ocurre en Buenaventura, donde la presencia de las bandas ha generado un clima de temor y descontrol que hasta el momento deja un saldo de 13 personas asesinadas.
Una de las acciones más eficaces para debilitar estas estructuras criminales es atacar las fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales. Sin recursos, su capacidad de operar se vería seriamente afectada. Además, es imperativo que el Gobierno cumpla con los pagos pendientes desde hace tres meses a los jóvenes que participan en el programa “Jóvenes en Paz”, pues no se puede abandonar a quienes están comprometidos en la construcción de una sociedad más pacífica, especialmente en tiempos de recrudecimiento de la violencia.
Finalmente, se requiere el apoyo urgente para atender a los desplazados por la violencia, como los que han llegado desde el Catatumbo al Valle del Cauca. La situación de estos pobladores debe ser una prioridad para las autoridades, quienes deben asegurar que reciban la asistencia necesaria para superar las secuelas de la violencia que los ha afectado. En este contexto, es crucial que el Gobierno Nacional actúe de manera decidida y coordinada con las autoridades locales para hacer frente a la creciente inseguridad en el Valle del Cauca.
