El presidente de Argentina, Alberto Fernández, informó este martes que ordenó una investigación sobre el anterior Gobierno, liderado por Mauricio Macri (2015-2019), por “espionaje ilegal” y “persecución judicial contra sindicalistas y opositores”.
“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que se investiguen acciones del anterior Gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”, dijo Fernández en su cuenta de Twitter.
El pedido del presidente sucede luego de la denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, contra funcionarios del anterior Gobierno tras el hallazgo de videos en los que quedaron registradas reuniones del entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en las que promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales.
Por su parte, Fernández recordó que al inicio de su gestión denunció la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía a funcionarios nacionales, personas de la justicia y socios políticos y comerciales del entonces partido oficialista Cambiemos.
Afirmó que esos dispositivos se signaron a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires Maria Eugenia Vidal, al procurador de la provincia Julio Conte Grand, al expresidente del club de fútbol Boca Juniors Daniel Angelici, al exministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, al empresario Nicolás Caputo y al ex fiscal general Martín Ocampo, entre otros.
“¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en operador judicial?”, se preguntó el presidente.
Consideró que esas preguntas exigen una respuesta, ya que “el uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”.
“Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras (…) He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”, reflexionó.
En Argentina hay otra causa por supuesto espionaje durante el Gobierno anterior que tramita el juzgado federal de Dolores, en la provincia de Buenos Aires.
En este expediente fue procesado Macri por espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino de la Armada (ARA) San Juan, hundido en 2017.