Por: Juan David Quevedo
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra dos exdirectivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2021 para la adquisición de un sistema de planificación de recursos empresariales, cuyo valor superó los $1.700 millones.
La decisión cobija a Claudia María Arroyave López, que se desempeñó como secretaria General de la entidad, y a William Alfredo Sandoval Sandoval, entonces coordinador del Grupo de Tecnologías y la Información de las Comunicaciones.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, los exfuncionarios habrían omitido verificar y validar aspectos técnicos y funcionales, que debían ser revisados durante la etapa precontractual del proyecto. Según la Procuraduría, estas actuaciones fueron determinantes en el proceso que concluyó con la firma del contrato.
El organismo de control señaló que un dictamen pericial elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales identificó presuntas falencias en los estudios y documentos previos que sustentaron la contratación. Estas observaciones estarían relacionadas con los análisis técnicos necesarios para determinar la viabilidad y el alcance de la herramienta tecnológica que buscaba fortalecer los procesos internos de la entidad.
La adquisición de sistemas de planificación empresarial es una de las inversiones más relevantes dentro de las organizaciones públicas y privadas, pues estas plataformas permiten integrar información administrativa, financiera y operativa en una sola estructura tecnológica.
Por esta razón, la definición de requisitos y la evaluación técnica previa son etapas fundamentales para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente.
La Procuraduría indicó que las conductas investigadas fueron calificadas provisionalmente como faltas gravísimas, a título de culpa gravísima. Esta valoración corresponde a la etapa inicial del proceso disciplinario y no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los involucrados.
Con la formulación de cargos, el expediente avanza a una nueva fase en la que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa y presentar los argumentos que consideren pertinentes antes de que el organismo de control adopte una decisión de fondo.
