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Quién es Pedro Castillo, el “outsider” de izquierda que podría ser presidente de Perú

Una semana antes de las elecciones generales peruanas del domingo, las encuestas daban apenas 4 por ciento de las preferencias a Pedro Castillo, candidato por Perú Libre (izquierda), quien sin embargo resultó el más votado con poco más del 16 por ciento de los sufragios.

Esto indicaría que en la última semana Castillo multiplicó por cuatro su apoyo electoral, convirtiéndose en la gran sorpresa del proceso.

El candidato izquierdista se aseguró su pase a la segunda vuelta en junio, donde se tendrá que enfrentar a sus más cercanos rivales según sondeos: Keiko Fujimori de Fuerza Popular (derecha) o Hernando de Soto de Avanza País (derecha), ambos con porcentajes muy ajustados entre si y que rondan el 13 por ciento.

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La perplejidad que ha causado este caso claro de un “outsider” ha llevado a los analistas a ensayar diversas explicaciones, pero es aún difícil encontrar una plenamente convincente. Lo cierto es que el candidato de Perú Libre tiene chances de ser presidente y ahora lo que interesa a muchos peruanos es preguntarse quién es.

Maestro provinciano

Castillo es profesor de educación primaria en el departamento de Cajamarca, una jurisdicción andina en el norte del país y con uno de los niveles de pobreza más altos.

Siendo dirigente del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), fue conocido por liderar una extensa huelga del magisterio en 2017 en demanda por mejoras salariales.

Sin embargo, antes de la protesta, Castillo ya había incursionado en política al afiliarse en 2002 al partido Perú Posible (centroderecha), fundado por el expresidente Alejandro Toledo (2001-2016). Desde esa plataforma pretendió ser congresista y alcalde de un distrito de Cajamarca. Pero no tuvo éxito.

El cambio de suerte para vino en 2019, cuando se afilió a Perú Libre y anunció su candidatura a la presidencia en 2020. Perú Libre es un partido de izquierda que se define como “marxista-leninista” y fue fundado por Vladimir Cerrón, exgobernador del departamento de Junín (centro) y quien es su actual secretario general.

Cerrón fue condenado a prisión por cuatro años y ocho meses por delitos de corrupción en agosto de 2019, tras saer hallado culpable de favorecer, como gobernador de Junín, a una empresa en una obra de alcantarillado por 850.000 soles (230.000 dólares).

La justicia varió esa sentencia en octubre de 2019 y Cerrón pasó a cumplir prisión suspendida por tres años y nueve meses. Como “propietario” de Perú Libre, Cerrón no postuló como presidente al estar impedido por tener una condena activa por corrupción, pero designó a Castillo como candidato a la presidencia y se colocó en la plancha como segundo vicepresidente, algo que el Jurado Nacional de Elecciones vetó luego por sus problemas con la justicia.

Expropiar y estatizar

En cuanto a sus propuestas para gobernar, Castillo ha causado mucha polémica. Por ejemplo, se ha declarado contrario a conceder derechos a las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) y, en cambio, ha propuesto defender “la familia” y los valores tradicionales.

“Hay que defender a la familia en la escuela. Pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestros, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarlos”, subrayó en una entrevista a la radio local RPP en abril.

Asimismo, ha afirmado que, de asumir la presidencia, desactivará el Tribunal Constitucional “en el acto” pues sostiene que este “sirve para defender la macro y la gran corrupción”. Por otro lado, ha indicado que convocará una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna que rechace el modelo económico “neoliberal”, amenazando con disolver el Congreso si este se opone a ese propósito.

Según las propuesta de su plan de gobierno en materia económica, Castillo plantea reemplazar un “Estado privatizador y exportador de capitales por un Estado nacionalizador, soberano, que fortalezca la economía interna invirtiendo sus capitales en el país”.

Asimismo, prevé la estatización de empresas y hacer de Perú un país con “economía popular de mercados”, similar a Bolivia. Por otro lado, propone la expropiación de empresas, particularmente del sector minero y de hidrocarburos, proponiendo una indemnización selectiva para cada caso, dejando abierta la posibilidad de que a los dueños de ciertas empresas no se les dé nada a cambio si su Gobierno decide expropiarlas.

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