El pasado 10 de octubre, centenares de personas pertenecientes al gremio gallístico de Colombia, realizaron una protesta en contra del proyecto de ley que busca prohibir las peleas de gallos en el país.
Así pues, Campo Elías Manotas, presidente de la Federación Gallística Colombiana (Fenagaco), habló para UNIMINUTO Radio acerca de la propuesta presentada por la senadora Esmeralda Hernández.
Y es que el proyecto de ley radicado ante el Congreso de la República, pretende revertir la excepción consagrada en la ley 84 de 1989, que no considera a la práctica como una conducta cruel.
“La mayoría de personas que trabajan en esto de la gallística, son personas de estrato 1 y 2, de más de 40 años. La vida laboral en Colombia es muy difícil, ¿quién los va a contratar?”, cuestionó Elías Manotas.
Asimismo, quien fuese uno de los principales impulsores de la mencionada manifestación, la prohibición de la actividad supondría tal afectación que, de a cuerdo a sus cifras, aproximadamente dos millones de familias resultarían afectas al depender directa o indirectamente de la práctica.
“Al rededor de 290.000 empleos directos o indirectos generamos los galleros, 125.000 directos y 160.000 indirectos”, declaró el líder de Fenagaco.
Por su parte, el proyecto señaló que en el caso de las peleas de gallos, las aves son expuestas a procesos de maltrato antes y durante la práctica, pues en muchos casos, los animales son expuestos a lesiones tan graves que pueden escalar hasta la pérdida de sus ojos.
Anteriormente, la senadora Hernández había declarado: “En el proceso de preparación del gallo para la pelea, se les mutila la cresta y la barbilla para evitar que el oponente pueda sujetarlo con facilidad”.
Según Hernández, este tipo de actividad debe prohibirse no solo por el sufrimiento de los animales, sino también debido a que no existe una manera eficiente de regular la garantía de requisitos básicos para su práctica.
De esta forma, desde el gremio gallístico, ven necesario que, en caso de que se apruebe el proyecto, se medite la posibilidad de una transición para “las personas que dependen exclusivamente de la actividad”.
Siendo así, el Gobierno tendría un plazo de seis meses para analizar alternativas efectivas de “reconversión económica” para aquellas personas cuyos ingresos más importantes provengan de las peleas de gallos.