El pasado 22 de septiembre, se desarrolló virtualmente la Asamblea General de la ONU convocada como todos los años por las Naciones Unidas. Esta es la reunión diplomática más importante del año, porque cuenta con la participación de 193 Estados miembros y se debaten de manera breve los planes y problemas más importantes de cada nación.
Este año, el presidente de Colombia Iván Duque, presentó un discurso en el cual se homenajeó a las víctimas de la violencia y resaltaba la labor de los líderes y lideresas colombianos, quienes trabajan en pro de la garantía y cumplimiento de los derechos de las comunidades tanto urbanas como rurales.
Sin embargo, durante su intervención no mencionó los planes o estrategias a implementar para mitigar la problemática de los asesinatos a estos veedores ciudadanos, donde según cifras del Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en lo corrido de este año han cobrado la vida de 204 líderes y lideresas de distintas regiones a nivel nacional.
Aunque el mandatario reconoce los esfuerzos de estos colombianos, los resultados de las investigaciones sobre estos hechos y el aumento anual de casos en esta población denotan una falta de interés por parte del gobierno ante estos hechos de violencia que afectan en gran escala a las poblaciones más vulnerables del país.
Las disidencias de las Farc, el ELN y las demás organizaciones criminales que se disputan el territorio por la minería ilegal y el narcotráfico son los principales autores de estos crímenes, y aunque la población tiene evidencias y el Estado ha logrado identificar a varios de los asesinos, los hechos quedan impunes.
En el 2019, el relator de derechos humanos de la ONU, Michel Forst visitó Colombia y realizó un informe sobre la situación de los líderes y lideresas sociales en el país, donde concluyó que “históricamente la tasa de impunidad de homicidios contra los defensores de las garantías fundamentales se sitúa alrededor del 95% en comparación con la de homicidios dolosos, que fluctúa entre un 86% y un 94%”.
Por otra parte, la Fiscalía afirma que a fecha de agosto de 2019 las investigaciones tuvieron los siguientes avances: “33 cuentan con sentencias firmes, 55 están en etapa de juicio, 45 en investigación (con imputación de cargos), 41 en indagación con orden de captura y 3 han sido precluidos por muerte del indiciado”.
Pero cada vez hay más nombres en la lista de líderes y lideresas sociales asesinadas en Colombia realizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), convirtiendo estas masacres en “la otra pandemia”, tal como lo afirma Carlos Medina, miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz.
“Esta otra pandemia, la violencia en contra de líderes y lideresas, también se ha extendido por todo el país. A lo largo de este año se han asesinado líderes sociales en los 32 departamentos. Los más afectados han sido Cauca, Antioquia, Nariño, Valle de Cauca, Putumayo y Norte de Santander, donde han ocurrido 132 de los 166 asesinatos mencionados”, afirmó Medina.
En lo corrido del año, se han venido implementando esquemas colectivos de protección para garantizar su seguridad a nivel nacional, también se están adelantando procesos de capacitación sobre auto-protección con los líderes y durante el resto del año. Las organizaciones que agrupan a la mayoría de ellos están diseñando estrategias y medidas complementarias para contribuir a la reducción de estos crímenes de lesa humanidad.