En un mensaje en video dirigido al país, el senador Iván Cepeda lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro de la seguridad nacional. Como líder de la oposición, el político afirmó que las primeras propuestas para manejar el orden público demuestran que se está organizando un “gobierno paramilitar”. La denuncia se basa en los planes del presidente electo Abelardo de la Espriella, los cuales, según el senador, ponen en peligro la democracia y los derechos de los ciudadanos.
El primer motivo de preocupación es la idea de crear grupos civiles armados en las ciudades. Cepeda explicó que estos bloques estarían formados por militares retirados y reservistas que, al no ser policías o soldados activos, no tienen permiso de la ley para usar la fuerza. El senador aclaró que la seguridad debe estar solo en manos del Estado y advirtió que “el resultado de la historia del paramilitarismo en Colombia no ha sido nunca tener más seguridad sino más violencia”.
Como segundo argumento, el líder de la oposición denunció que se quiere castigar y perseguir la protesta social. Según Cepeda, el nuevo plan busca eliminar al grupo actual de diálogo de la policía para revivir al antiguo ESMAD. El senador alertó que con esto se busca aplicar una política de “cero tolerancia” contra las marchas y recordó que, en años anteriores, ese escuadrón cometió graves abusos y agresiones contra los jóvenes que salían a manifestarse en las calles.
El tercer punto criticado es el plan de privatizar las cárceles del país a través de un proyecto llamado “Colombia Patria Milagro”. La idea del nuevo entorno del gobierno es construir diez cárceles gigantes financiadas por empresas privadas. Lo que más preocupa al senador es que el control de estos penales ya no lo tendría el Estado mediante el INPEC, sino que se crearía un cuerpo de vigilancia privado manejado otra vez por exmilitares armados.
Finalmente, Cepeda defendió su propuesta de pedirle a la ciudadanía que proteste de forma pacífica y no obedezca estas medidas. Por eso, el congresista pidió ayuda a la Defensoría del Pueblo y a organizaciones internacionales como la ONU para que vigilen de cerca al nuevo gobierno y protejan a la gente, concluyendo que “nuestra Constitución no es solamente un texto jurídico, es un pacto ético construido sobre el respeto de la vida”.
