La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, justicia transicional) acreditó como víctimas del conflicto armado colombiano al senador Iván Cepeda (Polo Democrático) y a su hermana, María, por el homicidio de su padre, Manuel Cepeda Vargas, hace 25 años, según se conoció ayer martes.
“La Sala (de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad) considera que el homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas, el 9 de agosto de 1994, es un hecho probado ante instancias judiciales del orden nacional e internacional”, indicó la JEP en un comunicado.
En el texto, ese tribunal señaló que en la planeación y ejecución del homicidio participaron miembros del Ejército y de grupos paramilitares, tal y como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia sobre el caso proferida en 2010.
“La ejecución del senador Cepeda Vargas fue propiciada, o al menos permitida, por el conjunto de abstenciones de varias instituciones y autoridades públicas de adoptar las medidas necesarias para proteger su vida”, señala dicha sentencia.
La solicitud de reconocimiento fue enviada a la JEP el pasado 8 de agosto por parte del senador Iván Cepeda, quien se refirió “a la ausencia de una determinación judicial de la responsabilidad penal individual de los determinadores del homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas y de altos mandos militares presuntamente involucrados en este hecho”.
Tras ser reconocidos como víctimas en el caso 06 de la JEP -sobre victimizaciones a miembros del partido de izquierda Unión Patriótica (UP), en el que militaba Manuel Cepeda-, el senador Iván y su hermana tienen la calidad de intervinientes especiales.
Lo anterior “garantiza las facultades necesarias para participar de manera efectiva en las actuaciones de la JEP”, por lo que puede asistir a las audiencias, entregar pruebas e interpelar las versiones de los responsables del hecho.
El papá de Iván Cepeda
Manuel Cepeda fue asesinado por un sicario cuando salió de su casa, en Bogotá, hacia la sede del Congreso de la República junto con su conductor y su escolta.
La CIDH emitió en 2010 una sentencia contra el Estado por el asesinato del entonces senador y señaló que no se investigó con diligencia, no se sancionó a los responsables ni se generó reparación favor de los familiares de la víctima.
En el año 2014 el delito fue declarado de lesa humanidad, por lo cual las investigaciones deben de seguir abiertas. (Sputnik)