Expertos de la ONU* han alertado de que la sobreexplotación de los recursos hídricos en Uruguay está haciendo que el agua potable tenga cada vez niveles más altos de sal y piden al Gobierno que priorice el uso para consumo humano.
“Esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas”, explicaron los expertos.
Las autoridades de salud han reconocido el riesgo y han instado a los grupos vulnerables a comprar agua embotellada para beber. “Pero esto crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua”, sostuvieron.
Los relatores advirtieron que, aunque los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica, agravada por períodos anormalmente prolongados sin lluvias, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país.
“Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos”, dijeron.
Especialistas en la materia han estado advirtiendo durante años que la expansión de las concesiones a industrias intensivas en agua estaba llevando a la contaminación y escasez de agua en el país.
“El agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable”, aseveraron los relatores.
¿Cómo es posible que Uruguay, situado sobre una de las mayores reservas de agua dulce, esté atravesando esta crisis? ¿Por qué se llegó a esta situación límite? El sistema político no llega a ponerse de acuerdo en una solución a largo plazo que consiga esquivar con relativo éxito los embates del cambio climático.
Desde la oposición, el Frente Amplio (FA-centroizquierda) ha recordado que el expresidente Tabaré Vázquez (2015-2020) entregó a su sucesor, Luis Lacalle Pou, el Proyecto Casupá, para construir una represa que podría haber aumentado la reserva de agua dulce. Ese proyecto, asegura el FA, fue desestimado por el Gobierno. La actual administración, por su parte, está licitando entre privados la construcción de la planta potabilizadora Neptuno, en el sur del país, que abastecería a la zona metropolitana a partir de las aguas del Río de la Plata.
Pero Neptuno se ha topado con la oposición del sindicato de trabajadores de la estatal OSE. Sostienen que vulneraría el artículo 47 de la Constitución, donde se prevé la participación de la sociedad civil en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos del país. Junto a organizaciones ambientales y políticos del FA, consideran que esta planta supondría la entrega parcial de la gestión a una empresa privada y no solucionaría los problemas de abastecimiento por el grado de salinidad del agua rioplatense.
En una rueda de prensa, el presidente del sindicato, Federico Kreimerman, añadió: “OSE pierde un 40% de agua por roturas que no se pueden arreglar porque faltan 1.000 trabajadores. En plena crisis hídrica se aplica la reducción del personal”. También apuntó contra el Gobierno del FA, que según Kreimerman podría haber construido la mentada represa Casupá y no lo hizo. “Todos los gobiernos anteriores han relegado la inversión en OSE”, señaló.
Al cierre de esta semana atípica, la empresa estatal OSE comunicó que construirá una represa provisoria en el río Santa Lucía, que estaría disponible dentro de una semana y permitiría estirar las reservas de agua dulce. Entre la incertidumbre y el desconcierto, los montevideanos abren el grifo y apuntan la mirada al cielo, esperando que la lluvia llegue de una vez por todas. Según los pronósticos eso ocurrirá recién en junio, así que tendrán que armarse de paciencia y de bidones de agua los que puedan.
Fuente: ONU-Prensa internacional