El organismo “ha documentado al menos 40 acciones tendientes a intimidar y generar daño en las comunidades de todo el país, tales como amenazas, restricciones a la movilidad, atentados contra la integridad personal y homicidios”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en un video difundido por su despacho.
Negret señaló que después de cinco semanas en emergencia sanitaria, tales actores y grupos adecuaron su presencia y accionar a las condiciones que les facilitaron el aislamiento preventivo, por lo que persiste la violencia en los territorios más vulnerables del país.
“Es de alta preocupación la arremetida violenta por parte de estos actores y grupos en el departamento del Cauca, el Pacífico nariñense, la zona del bajo Putumayo (todas en el suroeste del país), el occidente de Antioquia y el Atrato chocoano (noroeste), donde, para avanzar en sus intereses por las economías ilegales, intimidan y hostigan a la población civil”, agregó el funcionario.
Asimismo, indicó que la Defensoría pudo constatar que la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos persiste bajo igual dinámica a la denunciada desde hace cuatro años, cuando se incrementaron los ataques a ese grupo de ciudadanos tras la firma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC (noviembre de 2016).
El defensor del pueblo colombiano señaló que tal grado de violencia “condiciona las posibilidades de mitigar los efectos de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el COVID-19”, lo que configura “una doble afectación en las comunidades más vulnerables del país”.
Por último, hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que “reduzcan la violencia armada, cesen la violencia e intimidación contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y respeten y permitan la acción de misiones médicas para la prevención y atención del COVID-19”.
El anuncio se dio luego de que el lunes, más temprano, el Comando Central (COCE) de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que no prorrogará el cese del fuego unilateral que mantiene desde el pasado 1 de abril hasta el jueves como “gesto humanitario” por la emergencia por el nuevo coronavirus.