El presidente Abelardo De La Espriella anunció un nuevo protocolo nacional para determinar en qué circunstancias las autoridades podrán ingresar a las universidades del país cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo, terrorismo o alteraciones extraordinarias del orden público. La decisión fue anunciada durante una alocución en la que el mandatario marcó una posición firme frente a los límites de la autonomía universitaria y el ejercicio de la protesta.
De acuerdo con el jefe de Estado, el Gobierno buscará establecer una diferencia clara entre las manifestaciones legítimas y aquellas acciones que impliquen delitos o pongan en riesgo a estudiantes, ciudadanos, infraestructura o integrantes de la Fuerza Pública, “Las universidades tienen autonomía, eso no está en discusión. Pero la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”, afirmó De La Espriella.
El mandatario sostuvo que la protesta pacífica continuará siendo respetada, pero advirtió que esa garantía no puede utilizarse como argumento para permitir actos violentos dentro de los centros educativos, “El terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra fuerza pública y la población civil no son protesta. Son conductas que el Estado tiene el deber de enfrentar de manera decidida”, señaló.
La declaración más contundente estuvo dirigida a quienes, según el presidente, utilicen las universidades para preparar acciones violentas. “A quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, agredir ciudadanos o a miembros de la fuerza pública, les digo con absoluta claridad: la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”, aseguró.
El protocolo anunciado contempla escenarios de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. La Policía Nacional tendría el papel operativo en estas situaciones, mientras que el Gobierno busca establecer criterios para diferenciar la protesta social protegida por la Constitución de conductas que puedan constituir delitos. El presidente aseguró además que la medida pretende garantizar que los estudiantes puedan continuar estudiando, debatiendo y protestando pacíficamente.
“Esta decisión protege a los estudiantes, protege a la fuerza pública y protege al propio Estado”, manifestó De La Espriella. El mandatario también insistió en que no permitirá que los campus sean utilizados como espacios para actividades violentas, “No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, afirmó.
El anuncio abrió nuevamente el debate nacional sobre los límites de la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución, y sobre la manera en que debe actuar la Fuerza Pública cuando se presentan delitos dentro o en los alrededores de instituciones de educación superior. Rectores y sectores políticos han planteado posiciones diferentes: mientras algunos respaldan una intervención frente a hechos criminales, otros advierten sobre los riesgos que podría generar el ingreso de la Fuerza Pública en los campus.
Desde las universidades también han surgido llamados a diferenciar a los estudiantes y comunidades académicas de quienes puedan protagonizar hechos violentos. El rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, señaló que la inteligencia y la identificación de personas ajenas a las instituciones pueden ser herramientas más efectivas para evitar que los campus sean utilizados como escenarios de confrontación. A su vez, el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo, sostuvo que algunos de los episodios violentos registrados en esa zona se han producido en los alrededores y que no necesariamente corresponden a integrantes de la comunidad universitaria.
El debate queda ahora centrado en cómo se aplicará el protocolo anunciado por el Gobierno y cuáles serán los criterios concretos para autorizar una intervención. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de garantizar el orden público y evitar que las universidades sean utilizadas para actividades criminales, sectores académicos y políticos advierten que cualquier actuación de la Fuerza Pública deberá respetar la autonomía universitaria, la protesta pacífica y las garantías constitucionales.
