Por: Paula Nichole Rodríguez Tibaduiza
El pasado 26 de julio la Junta de Vigilancia del conjunto San Cristóbal Sur, Sector I, notificó a sus habitantes un informe que fue entregado a cada uno de los apartamentos sobre varios hechos que pusieron en duda la correcta administración del consejo y su administradora.
Los acontecimientos se dieron por varias inconsistencias que se encontraron por parte de la administradora, Vivian Rocío Castiblanco, a quien se le renovó su contrato desde febrero del 2020 y hasta la fecha no ha respondido a los cuestionamientos realizados.
La situación es calificada en el documento como “preocupante”, debido a la alteración de documentos privados y mal uso del dinero, pues aprobó el mantenimiento y restauración de cámaras de vigilancia por 6 millones de pesos y hasta el momento tienen la misma condición, sin mejorar su funcionamiento.
Una de las copropietarias de este conjunto, Yeny López asegura que la comunicación con la administradora era mínima, “conozco las circunstancias por el documento que llegó a la puerta de mi casa, porque la señora Vivian Rocío a veces ni siquiera venía al conjunto durante semanas y solo nos dejaba razones con los porteros para realizar los pagos de administración”.
Desde el nombramiento de la administradora no se ha contado con representación legal, lo que ha generado más incertidumbre en los residentes.
Incluso propietarios que han residido en el conjunto desde hace más de 40 años como Zulma Huertas manifiesta su preocupación pues asegura que este problema se ha mantenido, “no puedo destacar a ningún administrador del conjunto desde que estoy aquí, la mayoría solo se interesan por el dinero y nunca se sabe a dónde van esos recursos”.
Debido a la falta de control en la administración, se generó un descuido en la conservación de actas, documentos contables, correspondencia, contratos, entre otros.
Los fondos que eran destinados específicamente a la Asamblea debían estar titularizados únicamente a nombre del conjunto residencial, sin embargo, sucedió que este título valor llegó tanto a nombre del conjunto, como de la presidenta del consejo, Azucena Gómez.
El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal de la Alcaldía de Bogotá (IDPAC), manifiesta que no pueden existir asuntos confidenciales y es obligatorio publicar las actas de consejo de administración para mantener informados a los copropietarios.
En Colombia aún no existe una entidad pública que supervise las propiedades horizontales, en casos como este de una inadecuada administración y consejo de administración, los copropietarios pueden convocar una asamblea extraordinaria para revocar de su cargo a las personas involucradas.
Cuando no se cumplen las normas por parte de los administradores y hay irregularidades los residentes pueden demandar ante la justicia ordinaria.
Existen expertos de propiedad horizontal a los que los habitantes pueden recurrir, en localidades como Suba y Chapinero hay consejos creados por las Juntas de Administración Local, quienes brindan asesoría en temas de convivencia.
Uno de los dos miembros del comité de la junta de vigilancia del conjunto de San Cristóbal Sur, Manuel Alarcón, quien es contador y tiene una especialización en finanzas, aseguró que “la gestión por parte de los recursos fue ineficiente, las personas no tenían conocimiento del manejo que se les estaba dando y los integrantes del consejo no hacían nada para mejorar la situación, ni para aclarar las decisiones que tomaban sin el consentimiento de la comunidad”.
En relación al consejo se afirmó que debido a su falta de cumplimiento y esclarecimiento lo mejor era escoger otros representantes, es así como cuatro personas renunciaron a sus cargos, ellos fueron la presidenta del consejo, la administradora, el tesorero y el consejero.
El día 25 de agosto, después de recibir 11 hojas de vida y preseleccionar solo tres, se decidió elegir a Andrés Mogollón Galeano, un administrador de empresas, quien ocuparía el cargo de Vivian Rocío debido a su experiencia de 8 años como administrador de conjuntos y condominios.
La experiencia con la administradora anterior sirvió para establecer un contrato de prestación de servicios con ciertas clausulas para garantizar el cumplimiento de horarios y de información para los copropietarios.
