Por: Esthefanny Villamil y Joselin Luna
Actualmente la Avenida La Sirena (calle 153) entre la Autopista Norte y la Avenida Boyacá, solamente está construida hasta la carrera 55, allí se detuvo la construcción porque, posiblemente, el Club Carmel impedía la continuación de la obra; ya que esto implicaba que tomara espacio de su club afectando a la naturaleza que hace parte de este. Datéate trató de comunicarse directamente pero no fue posible, sin embargo, nos encontramos con aspectos importante y fundamentales, en donde los dineros para el desarrollo de esta calzada o tramo vial se lograron obtener por impuestos de valorización en el año 1995. Este proyecto se adjudicó al Consorcio Calle 153, el cual estaba conformado por tres empresas: Coopmunicipales, Coespro y Mauros Food.
La vía va en sentido occidente – oriente y tiene una extensión de 2.3km, sobre la carrera 56 hay dos pequeños centros comerciales, en uno de ellos la constructora de AR Inmobiliaria presta el servicio de arriendo para locales comerciales, que, en medio de su manejo, informa al cliente “cuando se determine la construcción de la segunda calzada de oriente a occidente, se realizará demolición y por ende la finalización de un contrato por arrendamiento”, es decir, en algún momento se tiene planeada la construcción del tramo que falta pero, mientras tanto, los barrios Mazuren, Colina Campestre, Cantabria, Victoria Norte, San Cipriano, Cantalejo y Versalles, son lo que se ven afectados.
Si bien este sector del norte es conocido por un club, también lo es por las diferentes historias que retratan la situación. Un grupo de vecinos del sector ha hecho sus quejas a través de una página construida por un ciudadano que, en vista de la situación, quiere ser un medio de información. La fuente no deja revelar sus nombre o detalles, solo indica la situación en medio de sus columnas en la página de “Quebrada el Cedro”.
La construcción y ampliación de la Avenida Sirena 153, iría hasta la carrera séptima, desde la Autopista Norte, este es el segundo proyecto que se inició en el 2019, pero contrajo inseguridad, tráfico y problemas ambientales. Esto se sumó al proyecto inicial trazado por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Este proyecto también presentó retrasos y sumas económicas adicionales al proyecto, como si se tratase de una máquina saca monedas, en donde con solo poner algo de dinero se puede llevar mucho más.
Uno de los problemas que también se pueden resaltar, es que en el momento que se empezaron a realizar los planos de la ampliación no pensaron en las familias que se verían afectadas, un ejemplo claro es la familia Velandia, ya que tuvieron que buscar un nuevo lugar para volver a construir su casa; esta familia llevaba viviendo 20 años en este lugar, la familia al enterarse de los nuevos planos que se generaron, se llenaron de nostalgia, ya que les trae bastantes recuerdos porque todos los hijos vivieron su proceso de crecimiento en este espacio.
Al revisar el primer proyecto nos encontramos con el llamado a las “coimas”, un nombre que parece sacado de las comillas y no de un contexto adverso, pues bien, en el contrato 047 de 2009, que inició su construcción el 10 de diciembre de 2019 con una inversión de $16.030.611.692, presentó retrasos de hasta un 47% de ejecución y estaba contemplado para ser entregado en 15 meses. El consorcio no contaba con los recursos financieros, técnicos y humanos para continuar, por lo cual entró en cancelación del contrato y su aseguradora realizó la respectiva indemnización por el incumplimiento.
El Consorcio Calle 153 parecía tener todo bajo control desde el momento en que se postula para adquirir dicha licitación. Algo inusual es que el consorcio era conformado por tres empresas, una de ellas, según su razón social y descripción de registro, era una empresa de alimentos. Este tema parecía normal ante los ojos del ente de control por parte del IDU.
La comisión encargada revisó el sector de la movilidad, allí se encontró con la particularidad de que amigos y familia hacían parte de los cargos administrativos del IDU y de empresarios dueños de consorcios entre otras numerosas empresas: Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco Nule Velilla, Guido Alberto Nule Marino y Mauricio Antonio Galofre Amín.
Por su parte, Emilio José Tapia Aldana, Hector Julio Gomez Gonzalez, Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco Nule Velilla, Guido Alberto Nule Marino y Mauricio Antonio Galofre Amín eran las personas que influian para escoger al representante del IDU y, de esta manera, conseguir contratos.
Allí también se encontró que el hermano del alcalde en ese momento también estaba implicado. El dueño del Consorcio Calle 153, Héctor Julio Gómez Gutiérrez, por ese momento en que se investigaban los casos de corrupción, comenzó el proceso de finalización del contrato 047 por incumplimiento, fue hasta ese momento en que las autoridades no alcanzaban a calcular la cantidad de empresas que esta persona tenía a su cargo, ya que estaban siendo investigados, en muchos casos, con diferentes empresas. De esta manera se identifica la falta de legalidad y transparencia para la adjudicación de los proyectos trazados por el Estado, poniendo en riesgo los recursos de los ciudadanos.
El proyecto tenía que continuar, y se dio adjudicación a ICM Ingenieros S.A. el cual continuó con los trabajos, con menos tiempo para la ejecución y finalización, pues este ya tenía casi un 50% listo. Allí el IDU dio una nueva fecha para finalización del proyecto. Las vías cerradas continuaron por un periodo más largo, la inseguridad crecía en los alrededores del sector con robos a mano armada, en motos y daños en vehículos en medio del tráfico que incrementó a causa de los cierres. Se volvió incómodo transitar por las vías aledañas, las personas que adquirieron sus nuevos lugares de vivienda en el sector tenían que realizar maromas para poder llegar a sus trabajos o a sus diferentes lugares de destino, la contaminación se pasó a las casas y apartamentos por cuenta de los roedores que huían de la construcción del puente en la calle 153 con carrera 55.
Según la Secretaría de Planeación, la importancia de esta vía era dar tránsito y descongestionar la ciudad en el sector, pero se convirtió un dolor de cabeza para los residentes, así lo asegura Juliana Arroyabe quien es residente y recuerda con angustia lo vivido en ese momento.
El proyecto no se entregó en septiembre de 2012 y en la visita realizada por la directora del IDU María Fernanda Rojas el pasado 8 de febrero del 2013 se informó que dicho proyecto se entregará el 15 de julio de 2013. Para ese momento se realizaron adiciones económicas de $4.683.717.337, representado un gasto mayor a lo presupuestado inicialmente. El proyecto, en medio de la construcción, tenía retrasos por la falta de negociación del espacio del Carmen Club, el cual no se dio, pero el dinero presupuestado por dicho terreno sirvió para la construcción del puente. Por ende, dicho reajuste económico en presupuesto muestra la incongruencia desde un principio de la puesta en oferta del proyecto.
Al finalizar y dar por entregado el proyecto, el IDU indicó que su presupuesto era de $24 mil millones, pero cuando inició, había indicado que era de $16 mil millones. Ahora se desarrolla su segunda etapa, que va hasta la carrera séptima, y está en espera de la segunda calzada, donde el Carmen Club tiene un gran espacio de verdes praderas, listas para jugar golf por parte de sus socios.
