La compañía Avianca Holdings, propietaria de la aerolínea Avianca, anunció el jueves que recibió el desembolso inicial de un crédito de financiación que le fue autorizado por el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos, por lo que no hará uso de un crédito que por 370 millones de dólares le ofreció el Gobierno de Colombia y que generó una amplia polémica en el país.
“Avianca tiene la flexibilidad financiera durante esta etapa para soportar sus operaciones y continuar avanzando en su plan de reorganización sin la participación del Gobierno de Colombia en el financiamiento”, dijo la compañía en un comunicado.
Según el texto, la aerolínea “recibió la aprobación del Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para acceder a un financiamiento bajo la figura de deudor en posesión (DIP, por su sigla en inglés) por un total de aproximadamente 2.000 millones de dólares y, así mismo, se produjo el desembolso inicial”.
Aunque el financiamiento se estructuró para permitir la posible participación futura de uno o más gobiernos, la aerolínea señaló que consiguió los recursos “con el apoyo de una gran cantidad de inversionistas institucionales externos y prestamistas existentes en su financiamiento DIP”.
Avianca Holdings, que surgió de la unión entre la colombiana Avianca y la salvadoreña TACA con algunas de sus subsidiarias, se acogió en mayo pasado de manera voluntaria al Capítulo 11 del código de bancarrota de EEUU debido a la crisis financiera que atravesaba y que se agudizó por cuenta de la pandemia de covid-19, que le obligó a dejar sus aviones en tierra por varios meses.
La medida de recurrir a la ley de quiebras de EEUU -a la cual también se acogió en 2003 antes de reforzar su expansión en América Latina- es un proceso legal temporal que permite a la junta directiva de la compañía reorganizarse y completar su reestructuración financiera.
Con el proceso, Avianca Holdings busca salvaguardar sus operaciones y los cerca de 21.000 puestos de trabajo.
El pasado agosto, el Ministerio de Hacienda informó que el Gobierno apoyaría a Avianca a través de un crédito por 370 millones de dólares, en una transacción de 18 meses, lo cual fue defendido por el presidente Iván Duque, quien dijo que el ofrecimiento buscaba garantizar la continuidad del sistema aéreo nacional.
Sin embargo, la Procuraduría General (ministerio público) cuestionó esa iniciativa y pidió que el proceso se adelantara “con toda la transparencia” debido a la magnitud de los dineros públicos que se destinaron para salvar a esa compañía, cuestionamiento que fue respaldado por varios sectores.