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Calor y sequias en el sur del continente suramericano

La sequía, las altas temperaturas y la extraordinaria bajante de los ríos Paraguay y Paraná hacen prever cuantiosas pérdidas económicas en 2022 en Paraguay, de por sí golpeado por los efectos de la pandemia, advirtió el sector de la empresa naviera.

“Parece que este año será peor que 2021, que fue peor que el anterior (2020). Todo el curso del río Paraguay está bajo. Se nos cayó todo con este escenario (de la sequía)”, dijo a la prensa Carlos Muñoz, director del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos.

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La prolongada bajante pone en riesgo la navegabilidad de los aproximadamente 3.000 barcos y barcazas que circulan por los ríos Paraguay y Paraná con destino a los puertos sobre el Río de la Plata, según el empresario.

Paraguay es un importante exportador de materias primas agrícolas. En 2021, vendió 6,1 millones de toneladas de granos de soja y 2,5 millones de toneladas de maíz, según la Cámara de Exportadores de Cereales y Oleaginosas. El 85% del comercio exterior depende de la navegación fluvial.

Según la Dirección de Meteorología, los niveles del río Paraguay se encuentran en condiciones críticas desde la cuenca media hacia el sur.

“Tradicionalmente esta condición climática (la sequía) dura una temporada o unos cuantos meses. Ahora estamos hablando ya de tres años, desde julio de 2019. Ni dragando se puede solucionar la falta de agua”, se lamentó Muñoz.

Meteorología advirtió que la ola de calor extremo, con cerca de 40 grados centígrados, continuará hasta mediados de la próxima semana. Solo se prevén precipitaciones ocasionales de escasa duración.

Mientras tanto en Argentina continúa combatiendo focos de incendios que se mantienen activos en varios puntos del país, donde las condiciones de sequía y la ola de calor extrema que azota la región dificultan las tareas de los equipos brigadistas, de acuerdo con el reporte diario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, actualmente existen nueve focos de incendios activos a lo largo del país.

La declaración de “emergencia ígnea”, del 12 de enero en Argentina por el plazo de un año, ha movilizado a cientos de personas del Cuerpo de bomberos, así como varios vehículos y aeronaves hidrantes para detener el consumo de vegetación autóctona y fauna.

Uno de los más graves se encuentra en las afueras de la ciudad San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro (Patagonia), donde ya ha consumido más de 6.000 mil hectáreas y se encuentra activo desde diciembre de 2021.

La cartera ambiental envió 92 brigadistas, cuatro aviones hidrantes y uno observador, además de tres autobombas para a asistir en los incendios.

Según el reporte de esta jornada, Argentina tiene siete focos activos la provincia de San Luis (centro); tres en Río Negro, dos en la provincia de Buenos Aires (este) y Santa Fe (este); otro en Salta (norte), Formosa (noreste), Catamarca (noroeste), Mendoza (oeste) y Chubut (sur). Hasta el momento hay un incendio controlado en la provincia de Tierra del Fuego (sur) y otro en Entre Ríos (este); dos controlados y otro contenido en Corrientes (noroeste); uno controlado y otro contenido en Misiones (norte), al igual que en Neuquén y Córdoba (centro).

El Gobierno de Alberto Fernández brindará 800 millones de pesos (7,7 millones de dólares) a las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Misiones que fueron las más castigadas por el fuego.

Parte de las consecuencias se han podido notar en la ciudad de Buenos Aires y su periferia, que amaneció cubierta de humo por los vientos del sector noroeste debido a los incendios del delta bonaerense, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan lluvias y descenso de temperatura en los próximos días en el norte patagónico y sur de la región pampeana que llevarán alivio a zonas afectadas.

Amazonia perdida y catástrofes climáticas

Según los expertos del Panel Científico por la Amazonía, en los últimos 36 años la región ha perdido un 17% de su vegetación nativa a causa de la deforestación, algo realmente preocupante pues de alcanzar entre el 20% y 25% de deforestación total, se llegaría a un “punto de no retorno” que haría imposible salvarla.

Esto implica que estamos ante la posibilidad de que durante la presente década la selva tropical más grande del planeta pase irremediablemente a convertirse en una sabana, una catástrofe medioambiental que afectaría a todo el mundo, pero en especial a los países latinoamericanos por donde se extiende la región amazónica.

Entre las razones que han producido este fenómeno destacan el avance de la ganadería expansiva, los incendios forestales, los asentamientos humanos, y la acción de grupos ilegales dedicados a la minería, el tráfico de madera y de drogas.

Tanto el 2020 como el 2021 marcaron récords en la destrucción de la Amazonía, con una pérdida de territorios equivalentes casi a la superficie de Belice, y el panorama no supone mejoras significativas en 2022 pues los esfuerzos realizados por los gobiernos de Brasil, Perú, Bolivia y Colombia, entre otros, parecen insuficientes para romper la tendencia.

La gravedad del problema

La Amazonía es una región de unos 7.000.000 de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa.

Su bosque o selva tropical es una de las ecorregiones con mayor biodiversidad del mundo y es vital para la regulación del ciclo de carbono en el ambiente y del cambio climático. Además actúa como un medidor atmosférico global.

De acuerdo con la plataforma colaborativa Mapbiomas, entre 1985 y 2020 se perdieron 75,6 millones de hectáreas de selva y otras formaciones naturales no forestales, un área equivalente al territorio de Chile. Ellos y otros científicos dedicados a monitorear la Amazonía resaltan que de continuar con este ritmo se podría alcanzar en esta década “un punto de ruptura para los servicios ecosistémicos de la Amazonía”.


De acuerdo con los datos de Mapbiomas, que usa mapeos satelitales del cambio del uso del suelo en toda la región, en 1985 la Amazonía solo tenía el 6% de sus zonas convertidas en “áreas antrópicas”, es decir, zonas urbanas o terrenos destinados a la agricultura, ganadería o minería. Para 2020 ese porcentaje alcanzó el 15% de toda la región.

“Estudios recientes apuntan que la pérdida de 20-25% de la cobertura boscosa de la Amazonía podría significar el ‘tipping point’ (punto de ruptura) para los servicios ecosistémicos de la Amazonía. Si continuara la tendencia actual verificada por MapBiomas, este punto de inflexión se podría alcanzar en esta década”, señala la plataforma.

De alcanzarse este punto las consecuencias serían muy graves. La región no solo pasaría de ser una selva tropical a una sabana, aumentando el riesgo de incendios y devastación de la biodiversidad. Sino que además, se produciría un desequilibrio y rompimiento de los balances de agua, energía y carbono de la cuenca del Amazonas, un debilitamiento del transporte de humedad por los ríos aéreos y los chorros de vientos superficiales en Suramérica, la disminución del transporte de la humedad hacia los Andes, y se pondría el riesgo el suministro de agua en los países donde se encuentra la Amazonía.

Así lo dijo el Panel Científico por la Amazonía en una reciente advertencia a los gobiernos del mundo sobre la importancia de actuar con prontitud para prevenir este escenario, en donde además se enfrenta una afectación de la calidad del aire en toda Sudamérica.


Según Mapbiomas, en los 36 años estudiados, hubo un incremento del 656% de la minería, un 130% de la infraestructura urbana, y un 151% de la agricultura y la ganadería en la Amazonía. Esto deriva en la deforestación y el aumento en los incendios forestales.

Además, el 52% de los glaciares de la región, situados en los Andes de Bolivia, Ecuador y Perú, han desaparecido. “Cuando se pierde vegetación por la deforestación aumenta la temperatura y esto acelera el deshielo”, explican los expertos que realizaron el estudio.

A mediados del 2021 otra mala noticia de la ciencia fue conocida gracias a un estudio publicado por Nature que indicó que en el Amazonas brasileño estaba emitiendo más dióxido de carbono a la atmósfera que el que absorbía. Haciendo del apodo del ” pulmón del mundo”, más un mito que una realidad.

Deforestación: entre la legalidad y la criminalidad

El drama de la deforestación en la Amazonía tiene aristas complejas que se mueven entre lo legal e ilegal. La agricultura y la ganadería, por ejemplo, son industrias legales y bastante fuertes en los países sudamericanos, cuyas economías dependen en una importante medida de ellas y son promovidas por gobiernos ‘amazónicos’ como Brasil, Colombia, Bolivia y Perú, por citar algunos.

Pero estas industrias han contribuido históricamente a la deforestación de la Amazonía, en especial porque de ellas derivan actividades informales y a veces ilegales que contribuyen a la tala indiscriminada de los bosques o la quema de los mismos para abrir terrenos aptos para los cultivos, el pastoreo de ganado o los asentamientos campesinos.

La ganadería, por ejemplo, es en la actualidad el principal motor de la apropiación de tierras en la Amazonía.

Así lo destaca un informe de Amnistía Internacional sobre esta región, en el que se describe el modelo ya establecido para apropiarse de un terreno: iniciar incendios de manera ilegal, despejar con ellos enormes áreas de cobertura selvática y abrir potreros para los animales.

Esta agresiva expansión, destaca la organización, ha traído graves consecuencias no solo al ecosistema amazónico, sino a las comunidades de pueblos originarios y pequeños campesinos que viven en la región y se oponen a ella.

Ni la pandemia detuvo el fenómeno, ya que los datos muestran que entre 2019 y 2020 la pérdida de cobertura forestal fue el tercer total anual más alto registrado que destruyó el 88 por ciento de la vegetación en Brasil, seguido por el 8 por ciento de la Amazonía boliviana y el 4 por ciento de la Amazonía peruana. Y en 2021 la deforestación aumentó un 20% en Brasil, una cifra récord en los últimos 15 años.

La criminalidad es la otra cara oscura de esta moneda, pues durante el último año también aceleraron sus actividades.

De acuerdo con Insight Crime, el tráfico de oro, coltán y madera protegida se disparó durante el 2021, haciendo que grupos armados expandieran sus portafolios criminales los cuales se completan con el ya conocido narcotráfico.

Usando tácticas como los incendios y tala exhaustiva, los grupos criminales han despejado terrenos para construir pistas de aterrizaje para narcoaviones, usando la madera talada ilegalmente para venderla en el mercado negro. Así mismo, construyen carreteras clandestinas en medio de la selva, las cuales transportan dicha madera, pero también narcóticos, minerales y todo tipo de contrabando.

Todo esto sucede con la poca o nula intervención de los Estado, pues los operativos militares adelantados en la región han sido en su gran mayoría ineficientes para detener la minería ilegal y los demás flagelos que aquejan al Amazonas.

En Colombia, por ejemplo, la deforestación ha empeorado desde la firma del tratado de paz con las FARC, pues esta guerrilla servía como unos ´guardabosques de facto´ en la zona y su repliegue ha dado lugar a la incursión de otros grupos armados interesados en traficar madera, coca y otros minerales; además de los terratenientes ganaderos que promueven la tala para tener nuevos terrenos de pastoreo.

El ganado, destaca Insight Crime, ya ha logrado desplazar a la coca como el principal motor de la deforestación en la Amazonía colombiana.

“Datos oficiales publicados en julio mostraron que en 2020 se disparó la deforestación en los departamentos colombianos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Esto se hizo más evidente en 2021. En los primeros tres meses de 2021, estos departamentos registraron las mayores concentraciones de deforestación”, destaca la organización especializada en crimen organizado.

La frontera entre Ecuador y Perú es otro punto crítico donde las organizaciones criminales han fortalecido sus actividades durante la pandemia. Ahí, el tráfico de maderas finas como la balsa se ha disparado en un 180 por ciento en los últimos años, impulsado por la industria de generación de energía eólica que demanda esta madera para fabricar las hojas de las turbinas eólicas en China y Estados Unidos.

¿Batalla perdida?

Ante esta situación crítica las soluciones no son muy alentadoras. Aunque en países como Brasil, Colombia o Perú sigue habiendo un esfuerzo militar por detener la deforestación y las mafias que la exacerban, esto no es suficiente y no toda la institucionalidad está realmente comprometida con esta causa.

En Brasil, por ejemplo, la Operación Brasil Verde, enfocada en detener el avance de la ganadería expansiva en la Amazonía, terminó sin resultados claros pese a ser impulsada, sin mucho entusiasmo, por el presidente Jair Bolsonaro.

Y donde fallan los gobiernos, la cooperación internacional no ha podido dar mejores resultados. Pese a que el 22 de abril entró en vigor el Acuerdo de Escazú, que se presentó como un apoyo de los gobiernos a los defensores ambientales que comparten la deforestación de América Latina y el Caribe, varios países importantes de la región como Venezuela o Surinam no lo firmaron y Colombia no lo ha ratificado.

Terminando el año, en noviembre de 2021, en la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, 110 países del todo el mundo se comprometieron a frenar la deforestación en todo el mundo para el 2030, pero tanto Bolivia como Venezuela, dos países claves en la crisis de deforestación del Amazonas, se abstuvieron de firmar el acuerdo.

Con este panorama desalentador empieza el 2022 un año en que la tendencia no parece detenerse y podría incrementarse. La alerta está dada, la Amazonía se está perdiendo.

Fuente: Prensa internacional

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