Por: Angélica Miranda.
El alto tribunal colombiano despenalizó el miércoles 11 de mayo, el suicidio medicamente asistido, procedimiento que difiere de la eutanasia debido a que, en este caso, es el paciente quien ejecuta la acción para poner fin a su vida.
Seis votos a favor y tres en contra fueron suficientes para que el tribunal decidiera legalizar este procedimiento luego de estudiar una demanda presentada por DescLAB, la cual había sido admitida por la Corte Constitucional el 01 de septiembre del año pasado. El documento buscaba declarar la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 107 del Código Penal que establece penas entre los 32 y 108 meses de cárcel a quién “eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para hacerlo”.
El artículo además señala que “cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos, provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses”.
Es importante mencionar que el objetivo de la demanda presentada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no es que “el suicidio asistido sea practicado por cualquier persona y, en cualquier caso,” sino que, la Corte considere que cuando un profesional médico le preste ayuda a otra persona para que ponga fin a su vida y esta persona se encuentre bajo las condiciones psicológicas y físicas anteriormente mencionadas, no se reciba un castigo penal para el profesional.
Adicionalmente, cabe destacar que, tanto la eutanasia como el suicidio asistido, tienen el mismo fin que es causar la muerte de una persona que cumple con los requisitos legales para morir de una manera digna, la diferencia es que, en el caso de la eutanasia, es el médico quien termina causando la muerte, en el caso del suicidio medicamente asistido será la persona misma quien ejecute la acción, claramente, contando con el acompañamiento médico requerido.
De esta manera la despenalización del suicidio medicamente asistido permitirá que los pacientes con enfermedades graves y que cumplan con los requisitos establecidos por la ley, podrán solicitar el suicidio ante entidades de salud y se les debe garantizar el derecho de morir de una manera digna y libre de sufrimiento.
Con esta decisión, Colombia se convierte en el primer país de América Latina en despenalizar el suicidio asistido.