Por: Danniela Rodríguez
En un país donde por años se ha silenciado el sufrimiento psicológico, Colombia dio un paso firme hacia el bienestar emocional colectivo con la sanción de la Ley 2460 de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro el pasado 26 de junio, que marca un hito sin precedentes en la historia del sistema de salud colombiano.
La norma no solo reconoce la salud mental como un derecho fundamental, sino que plantea un cambio estructural y cultural en su abordaje, de lo clínico a lo humano, de lo individual a lo social, de lo invisible a lo prioritario.
Esta nueva ley no surge en el vacío, llega en un contexto donde los trastornos mentales son una preocupación creciente.
Según el Ministerio de Salud, uno de cada tres colombianos ha experimentado síntomas relacionados con ansiedad, depresión o estrés postraumático, en tanto que las cifras de suicidio aumentaron más de un 15 % en la última década, y los jóvenes especialmente entre los 14 y 28 años, se han convertido en una población crítica, es por ello que frente a este panorama, el país opta por una legislación que no solo trata síntomas, sino que busca prevenir desde la raíz.
Más allá de la consulta: una visión biopsicosocial
Una de las transformaciones más significativas que trae esta ley es el enfoque biopsicosocial, que no trata solo de diagnosticar y medicar, sino de comprender el contexto.
La ley promueve que la salud mental se aborde desde factores sociales, culturales, económicos y territoriales, que quiere decir que las comunidades, los entornos laborales, las escuelas y los medios de comunicación están llamados a formar parte activa del proceso de cuidado emocional.
Esta visión implica también que la atención deberá ser integral y cercana. Cualquier ciudadano podrá acceder a un psicólogo o profesional en salud mental sin pasar primero por un médico general, que elimina una de las principales barreras de entrada al sistema.
Además, todos los centros de salud del país, sean públicos o privados, deberán contar con servicios básicos de atención psicológica.
Escuelas, empresas y cárceles: nuevos escenarios de intervención
Uno de los puntos más innovadores de la ley es que descentraliza la atención, de tal modo que la salud mental no estará confinada a hospitales psiquiátricos ni a consultorios privados, y ahora será parte de la vida cotidiana.
Las instituciones educativas estarán obligadas a incorporar formación emocional desde la infancia, detectar señales tempranas y activar protocolos ante casos de violencia, abuso o trastornos.
En el ámbito laboral, la ley les exige a empresas y aseguradoras de riesgos profesionales (ARL) diseñar planes de prevención del riesgo psicosocial, capacitar al personal y fomentar ambientes saludables, e incluso contempla licencias médicas cortas de hasta tres días por afectaciones mentales validadas por un profesional.
Esto reconoce algo que por décadas se ignoró, que la salud mental también se desgasta trabajando.
Cárceles, centros de atención a víctimas, comunidades rurales, hogares de paso y campamentos de migrantes se convierten en lugares donde deberá garantizarse el derecho a la salud mental.
Por primera vez, la ley contempla acciones específicas en esta problemática para personas privadas de la libertad, víctimas del conflicto, población LGBTIQ+, cuidadores, desplazados y personas con discapacidad psicosocial.
Una arquitectura institucional para sostener la promesa
La implementación de esta ley también le da vida al Sistema Nacional de Salud Mental, con consejos territoriales que coordinarán planes, recursos y estrategias.
Además, el Observatorio Nacional de Salud Mental (SISPRO) será el encargado de producir diagnósticos bienales con datos fiables sobre el estado emocional del país, información que alimentará políticas públicas, presupuestos y decisiones de cobertura.
Una novedad que garantiza viabilidad es la creación de una subcuenta presupuestal exclusiva dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto significa que la salud mental no dependerá de los “sobrantes” del sistema general, sino que tendrá un rubro definido, con seguimiento técnico y vigilancia.
El Ministerio de Salud también ha anunciado la formación de más de 8.000 profesionales en psicología, psiquiatría y trabajo social para cubrir las zonas con mayor demanda. La meta es que ningún municipio del país esté sin un punto de atención de salud mental funcional para 2028.
¿Qué cambia para la ciudadanía?
La ley trae beneficios concretos que impactarán directamente en la vida cotidiana de millones de personas:
- Acceso simplificado y descentralizado: ya no se necesita autorización previa para recibir atención psicológica.
- Cuidado desde el entorno: escuelas, empresas y comunidades participarán activamente en la prevención.
- Cobertura diferencial: se prioriza a jóvenes, mujeres, víctimas del conflicto, población rural y migrantes.
- Licencias médicas por motivos mentales: las ARL deberán reconocer el impacto emocional de las condiciones laborales.
- Cultura de cuidado emocional: campañas en medios, formación ciudadana y protocolos contra la discriminación.
La ley exige que los contenidos de medios de comunicación promuevan el bienestar emocional y se abstengan de difundir estereotipos o prácticas que puedan afectar la salud mental de audiencias vulnerables.
Una oportunidad histórica
Como toda ley ambiciosa, la 2460 no está exenta de riesgos: la falta de articulación entre entidades, la escasez de talento humano en territorios apartados y la resistencia cultural al cambio podrían frenar sus avances, pero su diseño técnico, su presupuesto asignado y su perspectiva de derechos le dan herramientas para convertirse en un referente regional.
Más allá del tecnicismo jurídico, esta ley representa un cambio de paradigma, en un país marcado por la violencia, el abandono estatal y las desigualdades estructurales, pues pensar en salud mental es también hacerlo en justicia social.
