Colombia aprobó una ley de delitos ambientales. No obstante, el país sigue sin ratificar el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que pretende ser una herramienta para los defensores ambientales de la región.
Colombia ya puede penalizar la deforestación, su mayor problema ambiental, tras la aprobación de la ley sobre delitos ambientales en el Congreso.
“La deforestación ha sido un cáncer (…). Por eso, esta ley que acabamos de sancionar, no solamente condena y sanciona la deforestación, sino que, además, acaba con esa figura de ser un delito excarcelable y pone el elemento adicional de que el que la financie y la patrocine, tiene una pena más alta”, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, en el acto donde se anunció esta iniciativa.
De este modo, con la nueva ley, la deforestación, así como su promoción y financiación se convierten en un delito que puede sancionarse hasta con 15 años de prisión.La Fiscalía General de Colombia cuenta con nuevas herramientas para poder perseguir a los responsables de degradar los ecosistemas y sus financiadores y llevarlos a juicio.
Y, además, se tipifican delitos como el tráfico de fauna y la financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica y se aumentan las penas por delitos ya existentes como la caza y la pesca ilegal.
“La aprobación de esta ley demuestra el compromiso de todos por la protección de los recursos naturales del país”, agregó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, que también estuvo presente en el acto, que se llevó a cabo en la capital de la Amazonía colombiana, Leticia.
“Es una de las legislaciones penales ambientales más completas que existen, es una ley que contiene un articulado único y robusto en pro del medio ambiente, que es nuestra prioridad”, aseguró.
La entrada en vigor de la iniciativa ya ha producido los primeros resultado: la primera imputación por el delito de tráfico de fauna, tras la incautación de más de una decena de tortugas silvestre, que estaban siendo trasladadas de Montería para ser vendidas en Bogotá, según apuntaron a DW fuentes del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asimismo, durante este mes de octubre, se desarticuló una red que llevaba a cabo la tala masiva de bosques en la reserva forestal del río Magdalena, en Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar.
A pesar de este avance, el país sudamericano encabeza la lista de países donde más asesinatos se producen contra los defensores del medio ambiente.
“En Colombia, falta un reconocimiento especifico a la protección de derechos humanos ambientales y reconocer sus características, su naturaleza, su particularidades, para entender esa labor y generar medidas determinadas para este tipo de defensa ambiental”, dijo a DW Lina Muñoz Ávila, Directora de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, en Colombia.
Este vacío quedaría cubierto si el país formara parte del Acuerdo de Escazú, el tratado regional que pretende ser una herramienta para los defensores ambientales del área. Aunque Colombia inició el trámite con la firma del documento hace dos años, el país sudamericano sigue sin ratificarlo y los intentos por culminar este proceso han fracaso.
“La firma comprometía la intención del Gobierno de empezar a adelantar los pasos internos de ratificación, que son la ley aprobatoria entre el Congreso y una sentencia de la Corte Constitucional, que revisa si ese tratado está acorde o no con la Constitución de Colombia”, explicó la directora.
“En la legislatura pasada, se archivó porque nunca se llevó a cabo el primer debate. Se hicieron una serie de audiencias y surgieron muchas dudas. El trámite políticamente se enredó y no ocurrió el primer debate. Ahora estamos esperando a que otra vez lo presente para que se puedan dar los debates, salga la ley, luego la sentencia de la Corte y luego Colombia envíe su ratificación”, detalló Muñoz Ávila.
Esta espera puede terminarse en breve, con una nueva oportunidad. El Gobierno colombiano se comprometió a ratificarlo antes de finales de este mes.”El Ministerio de Ambiente terminó de realizar las seis sociabilizaciones hace dos semanas y se supone que este era un requisito previo a la radicación ante el Congreso”, recordó la experta colombiana, confiando que el proceso pueda terminarse en los próximos días.
En este sentido, Muñoz Ávila recalcó los beneficios que puede proporcionar el tratado regional para la nueva legislación sobre delitos ambientales. “La única manera de lograr que estas iniciativas se vuelvan realidad es generar recursos para fortalecer los brazos territoriales de la Fiscalía en las regiones y, asimismo, fortalecer sus capacidades para conocer sobre temas ambientales y lograr combatir la impunidad.” Definitivamente, concluyó, “esto va a suceder más fácilmente si Colombia hace parte del Acuerdo de Escazú, porque uno de los pilares que trabaja el acuerdo es el fortalecimiento de capacidades y la cooperación.”
Fuente: DW